Los empresarios del metal están enfadados. Por eso, reunidos entorno a la patronal que les representa, la Unió Patronal Metal·lúrgica, han denunciado públicamente lo que ellos consideran unos retrasos injustificables en la administración municipal de toda Catalunya.
Así pues, aseguran que para conseguir una licencia pública se tarda por término medio de dos a tres años en la administración municipal catalana: "Una situación insostenible que nos está llevando a un caos y la pérdida de muchos proyectos empresariales, vitales para el funcionamiento de la economía catalana".
600 millones de euros parados
Y añaden que esta lentitud "no tiene precedentes en la administración, que todavía paga las consecuencias derivadas de la pandemia por la covid. Esta situación es inviable". Los datos que lo justifican son grandes. Así pues, desde la UPM ponen de ejemplo que en el Vallès Occidental y Vallès Oriental, "más de 600 millones de euros en proyectos están completamente parados porque falta una licencia de actividades, un permiso de obras, entre otros".
El presidente de la UPM, Jaume Roura, añade que este ejemplo también lo encuentran "replicado en el Barcelonès, el Maresme, entre otras comarcas" y asegura que algunos alcaldes le han trasladado la voluntad de "mejorar el sistema aunque cuesta a nivel público".
Coordinados con el conseller Roger Torrent
En paralelo, la patronal ha puesto en conocimiento de esta problemática al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, a quién le recuerdan que "hace falta ocuparse de la intensidad del momento y no perder ninguna iniciativa". De esta manera, alaban las últimas iniciativas cerradas desde la Generalitat y su conselleria como la llegada de ILJIN, empresa de Corea del Sur que pondrá en marcha uno de sus centros en Mont-roig del Camp, pero alertan de que, a la vez, "no hay que perder esta inmediatez en los proyectos que nacen desde el mismo tejido empresarial catalán".
Y concluyen: "Hay que ser muy responsables con el momento que estamos viviendo y que las administraciones, especialmente la municipal y de ayuntamientos, no paren ni inmovilicen nada por falta de eficiencia en su respuesta".
Por eso, Roura pide promover el concepto del conseller Torrent que ha aplicado con ILJIN, basado en el fast truck, al resto de proyectos. Hace falta recordar que el fast track es un procedimiento especial de regulación de determinadas materias por vía rápida que permite ayudar a las empresas innovadoras a acelerar la comercialización de sus productos y servicios con la colaboración de reguladores expertos.