El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se ha declarado competente para investigar a la presidenta del Parlamento, Laura Borràs. Inicialmente, el caso estaba en el Tribunal Supremo, pero ahora la causa pasa a este tribunal por la condición de aforada de Borràs. En concreto, se investiga la presidenta por supuesta por prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la administración.

El caso saltó al Tribunal Supremo en el momento que Borràs accedió al escaño del Congreso de los Diputados por Junts per Catalunya. Allí, el 20 de julio del 2020, se la citó pero Borràs se acogió a su derecho a no declarar negándose a colaborar con la justicia española. Una vez hecho este trámite, el caso se abrirá y lo instruirá al magistrado Jordi Seguí de la sala de lo civil y penal del TSJC.

A principios de abril, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por lo tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borràs, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, el Supremo decidió enviar al TSJC el caso, en lo que también ha investigado Isaías Herrero Florensa.

 

El caso

Los hechos que se investigan se sitúan entre los años 2013 en el 2017 por el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, por, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente para tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC durante un periodo superior a los cuatro años".

Eso según la investigación, que concluye que el objetivo era "poder acudir a la adjudicación directa con la intención de favorecer personalmente a Isaías Herrero Florensa, directamente o a nombre de otras entidades tras las cuales se ocultaba. La investigación cuantifica el dinero adjudicado a Isaías Herrero o a las entidades "en que se ocultaba", en 259.863,00 euros.

Borràs y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de estos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.

Imagen principal: La presidenta del Parlamento Laura Borràs / ACN