El Tribunal de Cuentas procederá al embargo de 49 locales de UGT por su presunta responsabilidad derivada del caso de los ERE en Andalucía.

Esta sanción afecta al sindicato por un valor de más de 9 millones de euros y tiene origen en el acto de liquidación dictada el pasado 15 de julio por el delegado instructor del procedimiento. Este sentenció a UGT a pagar la suma de 9,74 millones de euros, a causa de las irregularidades en la gestión de las ayudas a empresas en crisis concedidas en la comunidad autónoma andaluza.

UGT acepta el embargo

UGT no está de acuerdo con la sanción que se le ha aplicado y todo indica que recurrirá la multa. El sindicato niega que exista alguna vinculación o responsabilidad contable por su actuación en la tramitación de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, que es la administración afectada. A pesar de la disconformidad, el sindicato de trabajadores se ha mostrado dispuesto a colaborar ante la reclamación de los 9.745.882 euros que el Tribunal de Cuentas exige.

Por lo tanto, UGT aceptará el embargo de sus propiedades porque lo considera "un mal menor" ante la posibilidad de que le bloqueen las subvenciones que recibe y las cuentas bancarias que gestiona, medidas que el Tribunal de Cuentas no ha querido utilizar.

La sanción

El tribunal les reclama de manera conjunta a UGT y a la Federación Siderometalúrgica de Comisiones Obreras una buena parte de la sanción, unos 2,8 millones de euros. En este punto UGT ya expuso que la "ingente documentación" del expediente los ha dejado en una situación "de indefensión", entre otras cosas porque consideran que el delegado instructor del caso no especificó "qué irregularidades concretamente fundamentaban" las imputaciones

En todo caso, ante la reclamación de los 9,7 millones, UGT ofreció incluso hipotecar sus bienes, paso que el delegado instructor, Antonio Casamayor, ha descartado como innecesario, considerando que es incluso más segura la vía del embargo. La provisión dictada a este respecto subraya que el sindicato puso "a la disposición del tribunal" una larga lista de bienes, en concreto 49 propiedades distribuidas por toda España, con la finalidad de "garantizar el presunto alcance más los intereses".

Todo eso, con el objetivo de que esta iniciativa no acabara impidiendo gravemente el normal desarrollo de su acción sindical, ni comprometiendo o limitando gravemente su función constitucional y el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical".

 

Imagen principal: El secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez