Las diferencias entre los feminismos de Unidas Podemos y el PSOE vuelven a comprometer el ministerio de Igualdad. Tal como ya pasó con la Ley Trans, los socialistas han acabado cediendo ante sus socios de gobierno para poder aprobar la ley integral de libertad sexual, también conocida como la ley del 'solo sí es sí', y han retirado la enmienda que pretendía incluir medidas para tratar la prostitución y el proxenetismo en el Estado. Otra vez, el sector feminista más radical y a menudo trans-excluyente del PSOE, liderado por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha chocado con la visión más libertaría y reformista sobre el trabajo sexual de la ministra Irene Montero. En este sentido, los socios de gobierno habrían llegado a un consenso para tratar la prostitución en una ley aparte, evitando así que la ley de libertad sexual se quede a la Comisión de Igualdad. A pesar de su rechazo a la ley del 'solo sí es sí', el PP dejó la puerta abierta a dar apoyo a la enmienda del PSOE sobre la prostitución. La misma Calvo puso sobre la mesa el controvertido tema de la abolición de la prostitución en un congreso de su partido, justo después de ser apartada de las negociaciones de la ley trans en medio del alud de críticas del colectivo LGTB, y de manifestar varias veces su rechazo a la ley por temor que "discrimine a las mujeres". Ni Unidas Podemos, ni Cs, ERC, Junts, EH Bildu, la CUP, el PNV ni En Comú Podem daban apoyo a la enmienda presentada del PSOE.

In extremis

Así, con este paso al lado in extremis del PSOE, se espera que la Comisión de Igualdad apruebe la Ley Orgánica de garantía integral de libertad sexual, o la ley del 'solo sí es sí', a pesar de los votos en contra del PP. Parece que el Gobierno ha podido superar otra crisis derivada de las diferencias entre las escuelas de pensamiento feministas en las cuales suscriben los dos partidos. Con todo, fuentes de los socialistas han querido dejado claro su malestar por el cambio que han tenido que asumir a última hora para salvar la ley: "A quien le correspondía cerrar estas negociaciones es al Ministerio de Igualdad y a Unides Podem y no al PSOE". Y es que la retirada de la enmienda se ha producido en el último momento, después de que esta mañana los socialistas volvieran a repetir que no cambiarían de opinión: "El poder legislativo tendría que aprovechar la oportunidad para ir deprisa" hacia la abolición de la prostitución, ha opinado Calvo. Por el contrario, Montero se ha mostrado "bastante preocupada por la fase final de la tramitación de la ley". La ministra de Igualdad ha indicado que desde hace meses han emplazado a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo en la redacción que tiene que ver con la lucha contra la industria proxeneta y la garantía de los derechos de las mujeres que están en contexto de prostitución. En concreto, Montero ha explicado que han propuesto al PSOE, "que es de quien depende la posibilidad de llegar a un acuerdo" retirar de la ley los artículos sobre el proxenetismo y llevarlos a otra ley, como puede ser la ley de tráfico, una ley que Igualdad entregó al PSOE en enero, ha recordado la ministra.

Solo sí es sí

Por el contrario, el PSOE tiene previsto presentar una proposición de ley sobre la abolición de la prostitución en los próximos días. Más concretamente, los socialistas quieren perseguir con más severidad a los dueños de los locales donde "se promueva, favorezca o facilite" la prostitución, algo que desagrada a gran parte del movimiento feminista porque deja a las personas que ejercen trabajos sexuales con todavía más abocadas a la clandestinidad, entre otras razones. Según el proyecto de ley integral de libertad sexual, "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Se trata de una fórmula en la línea del convenio de Estambul y que ya han adoptado otros países del entorno, como el Reino Unido o Suecia. Más allá del nuevo redactado del consentimiento sexual, la norma mantiene otro elemento central: el fin de la distinción entre el abuso y la agresión sexuales. Según el Ministerio de Igualdad, "todo acto sexual sin consentimiento será agresión", y, por lo tanto, "se eliminarán" los abusos sexuales del Código Penal. Todo será violación y habrá agravantes, por ejemplo cuando se produzca en grupo.