El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avanzado este viernes algunas de las consideraciones que contiene el borrador del informe elaborado por este órgano sobre el anteproyecto de Ley Trans. En el texto dirigido a los medios, el gobierno de los jueces reconoce que gran parte de sus consideraciones son de carácter "técnico", y que la finalidad de la Ley es, al fin y al cabo, "loable". Aun así, uno de los puntos más destacados advierte que anteproyecto "contiene disposiciones que contradicen el derecho fundamental a la igualdad", en el sentido que la Ley podría tener el "indeseado efecto" de generar situaciones de "discriminación positiva", concretamente contra las mujeres no transexuales, si el texto no se acaba de perfilar. Para ilustrarlo, ponen de ejemplo "las medidas referidas al deporte" que por ahora contiene la Ley. Si bien los vocales del CGPJ "aprecia[n] la voluntad de garantizar el pleno respecto al principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas trans", consideran "indispensable introducir las cautelas necesarias a fin de evitar que la práctica de actividades deportivas puedan suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales".
"Superioridad física"
De esta manera, el Pleno del CGPJ cree que la Ley Trans debe introducir mecanismos para evitar discriminaciones en el ámbito deportivo, y lo ha expresado con un lenguaje muy particular: "Atendida la realidad de la diferencia de las condiciones físicas existentes y de la superioridad física de la mujer transexual frente a la que no lo es". Ante esto, la Plataforma Trans ha tildado el órgano de gobierno de los jueces de "conservador" y "caducado". Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado que "no sería una sorpresa que el CGPJ se opusiese de nuevo a una ley feminista. Lo raro sería que no lo hiciera", y ha recordado que este organismo dijo en cuanto a la ley del matrimonio igualitario que "era como proponer casar a un hombre con un animal". Por otra parte, los vocales han cuestionado que la Ley proteja a los adolescentes trans de entre 14 y 16 años, que según el anteproyecto pueden cambiar su sexo registral sin más condición que la asistencia de sus representantes legales, tal como recomiendan las instituciones europeas, y subrayan que debe primar el interés superior del menor. El CGPJ propone que en esos casos, como se fija para los niños de 12 a 14 años, un juez compruebe que tienen "suficiente madurez" y "estabilidad en la situación de transexualidad". Seguidamente, los vocales reconocen que el procedimiento debe ser “'rápido, transparente y accesible', acorde con las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". A pesar de ello, recomiendan fijar la edad mínima para el cambio rápido de sexo registral a los 16 años.
"Garantías"
El CGPJ también se ha adherido a las preocupaciones a menudo expuestas por el sector feminista trans-excluyente, y ha pedido "garantías" para evitar que el cambio de sexo en el registro se emplee "para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género", algo que supondría un uso "fraudulento" de la Ley. Aun así, el texto no detalla como se debería garantizar esto, que en todo caso contradiría principios básicos del Derecho: ninguna ley, no solo la Ley Trans, se debe usar de manera 'fraudulenta', y los acusados deben ser juzgados según su condición en el momento de los hechos. En este sentido, Montero ha insistido en que "las personas trans, las personas LGTBI, no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos desde las instituciones. Al contrario, urge que la ley sea una realidad cuanto antes y que sea lo más ambiciosa posible", ha escrito la ministra tras conocer el borrador del CGPJ. Por otro lado, también ha deseado que este órgano apruebe ya el informe -lo hará el 20 de abril- que acumula ya tres meses de retraso "incumpliendo" con ello la Ley Orgánica del Poder Judicial.