El proceso de independencia está en manos del Govern de Catalunya, pero también en la mesa de varios jueces. Cada paso que ha dado hasta ahora la Generalitat, ya sea en la legislatura anterior con Artur Mas, o como ahora, con Carles Puigdemont, se mira con lupa judicial. Ahora mismo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tienen siete causas abiertas y una, todavía caliente, acabada de cerrar.

Desde la denuncia por la consulta del 9N hasta ahora, tanto la Fiscalía como el sindicato Manos Limpias no han parado de recurrir a los juzgados para detener la desconexión a golpe de ley y de Constitución Española.

9N, la consulta

El caso está en el tramo final de la instrucción. Lo lleva el juez de la Sala de lo Civil y Penal del TSCJ, Joan Manel Abril. Hay imputados el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega y la exconsellera de Ensenyament, Irene Rigau. Como Rigau es diputada en el Parlament de Catalunya, el caso se mantiene en el TSJC. Los tres están acusados de prevaricación, desobediencia grave, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. La Fiscalía acusa al Govern de incumplir la resolución del Constitucional e ir directamente la consulta.

24 horas antes de la consulta, la Fiscalía pedía a los Mossos que identificaran a todos los voluntarios que estuvieran en los institutos. La policía no lo llegó a hacer y la jornada transcurrió con normalidad. En los juzgados llegaron una veintena de denuncias, que finalmente se agruparon en la querella de la Fiscalía General del Estado.

El 15 de octubre Artur Mas declara en el TSJC. Dos días antes lo habían hecho Ortega y Rigau. El presidente llega al Tribunal escoltado por más de 400 alcaldes y 6.000 personas que se concentran ante el Tribunal para darle apoyo. Mas asume toda la responsabilidad del 9N ante el juez. Cuando la investigación está en el tramo final, irrumpe la imputación de l'exconseller de la Presidència, Francesc Homs.

El 9N de Homs

Francesc Homs aparece en el caso 9N el martes, 2 de febrero, a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público encuentra una carta firmada por Homs que confirma a la empresa que está haciendo los programas informáticos para la votación, que todo sigue adelante. T-SYSTEMS se dirigía al Govern después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el decreto para hacer la consulta. La empresa no tenía claro si continuar o no, y Francesc Homs les dice que nada ha cambiado, que la consulta se hace. Según la Fiscalía General del Estado eso demuestra que Homs "actuó consciente e intencionadamente encaminado a garantizar que las actuaciones materiales de preparación de la votación convocada para el 9 de noviembre continuaban su curso ignorando la suspensión constitucional". Es de las pocas órdenes por escrito que ha encontrado la Fiscalía.

Como Homs es diputado en el Congreso, no lo puede juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sino que tiene que ser el Tribunal Supremo. Si no se hacen dos piezas separadas, el caso podría saltar todo entero al Supremo y a Mas lo juzgarían en Madrid. De momento, el juez del TSJC estudia si se queda su parte o lo envía todo a Madrid.

El otro 9N

Justo un año después de la consulta y, todavía sin gobierno, Junts pel Sí y la CUP presentan la declaración para empezar la desconexión del Estado. Los nueve puntos acaban en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Manos Limpias y UPyD denuncian al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; a los diputados Jordi Turull y Marta Rovira de Junts pel Sí; a la diputada de la CUP Anna Gabriel y al exdiputado, también de la CUP, Antonio Baños.

Los acusa de rebelión y sedición. Pero contra todo pronóstico y, al contrario de lo que ha ido sucediendo con todo el relacionado con el proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no admite a trámite la querella. Argumenta que los hechos no son constitutivos “de este delito ni de ningún otro ilícito penal”.

La ANC bajo sospecha

La Fiscalía reacciona 24 horas después pidiendo que se investigue a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y a la Associació Catalana de Municipis (ACM).

Los delitos, una vez más: rebelión y sedición. El juez Ismael Moreno ha pedido a los tres cuerpos policiales que actúan en Catalunya (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) informes sobre los estatutos, la financiación y las actividades de las tres entidades. Quiere saber si han sido las impulsoras y promotoras de la tramitación de las mociones que se están presentando en los plenos municipales y que dan apoyo a la resolución independentista del Parlament.

Desde la ANC se asegura que no se ha intercedido para nada y que están tranquilos. Es más, al día siguiente presentan un informe donde aseguran que no se puede acusar por sedición, rebelión ni traición a trabajadores públicos ni a cargos electos. Se basan en la misma interpretación que hace de la ley el Tribunal Constitucional y el Supremo.

Asedio a los ayuntamientos

En la misma investigación, la Fiscalía pide el listado de todos los ayuntamientos que están presentando mociones de apoyo a la declaración de inicio de desconexión. Amplía el asedio que empezó hace unas semanas con el Ayuntamiento de Sant Cugat y que finalmente quedó archivado.

Ahora entre los ayuntamientos investigados hay el de Deltebre (Tarragona) y el de Vic, que el 9 de diciembre aprobó la moción. El Ministerio Público ha pedido una grabación del pleno y las intervenciones de cada uno de los concejales que se posicionaron sobre la urgencia de la proposición. El Ministerio Público también quiere saber qué partidos han dado su apoyo y, si los secretarios e interventores de los consistorios han hecho informes favorables. La Fiscalía cree que todo apunta a una estrategia concertada para incumplir la ley.

Segundo intento

Si hay un actor que no ha parado desde que el Govern empezó a andar hacia el proceso de independencia, ha sido el sindicato Manos Limpias. No siempre sus denuncias tiran adelante, pero no se puede negar que no sean persistentes. La última denuncia ha sido este mismo viernes, 5 de febrero, en la Audiencia Nacional. Después de que el TSJC haya archivado la querella por la resolución independentista, ahora han presentado otra contra Jordi Turull y Marta Rovira de Junts pel Sí, y Antonio Baños y Anna Gabriel de la CUP por sacar adelante las ponencias que tienen que hacer tres leyes básicas para la desconexión: la ley del Procedimiento Administrativo, la de Hacienda propia y la de Seguridad Social.

Esta vez van más allá en los delitos: desobediencia, provocación, conspiración y sedición. La Audiencia Nacional tiene que decidir si lo admite a trámite o no.

La pitada al Rey

Los campos de fútbol están en medio del fuego cruzado. La pitada de la final de la Copa del Rey del 30 de mayo del año pasado entre el Barça y el Atlhetic de Bilbao también ha rebotado en la Audiencia Nacional. Nueva denuncia de Manos Limpias y nuevo caso que salta de los terrenos de juego a los tribunales. La Fiscalía habla de estrepitosa pitada por parte de la mayor parte de los 95.000 espectadores. Era la primera final de la Copa del Rey presidida por Felipe VI. El delito: injurias al Rey y a los símbolos o emblemas de España.

Con Juan Carlos I como rey hubo dos pitadas más. En el Vicente Calderón, en Madrid, en el 2012, y en Mestalla, Valencia, en el 2009. En ninguna de las dos ocasiones, sin embargo, hubo consecuencias penales. Pero la Comisión Antiviolencia propuso multas de hasta 123.000 € a la Federación Española de Fútbol, que es quien organiza la final.

Lo que vendrá

El Gobierno español hace un seguimiento de todos los movimientos del Ejecutivo catalán. Todos. Por eso se miró del derecho y del revés el juramento de toma de posesión del presidente Carles Puigdemont, que obvió la Constitución española. No encontró nada denunciable.

Sólo con nombrar a Raül Romeva como primer conseller de Exteriores de la historia de Catalunya, saltaron todas las alarmas. El Consejo de Ministos llevó el caso al Tribunal Constitucional, que todavía no lo ha resuelto. Ahora se fijan en la comisión del Procés Constituent, presidida por Muriel Casals y vicepresidida por Gabriela Serra. Una comisión sin fecha de inicio por el accidente de Casals la semana pasada. El Gobierno español está estudiando cómo frenarla.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo el mes pasado: "Analizaremos a todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat o del Parlamento", a lo que Rajoy añadió: "No dejaremos pasar ni una".

(Foto: Sergi Alcàzar)