Si la conselleria de Asuntos Exteriores sigue trabajando, tal como ha dicho hoy el presidente Carles Puigdemont, y ha pedido Anna Gabriel de la CUP, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, el Gobierno se expone a una multa, a la suspensión de sus cargos e incluso a la imputación de un delito por desobediencia. El Tribunal Constitucional aprobó el martes en el pleno admitir a trámite el recurso que ha presentado el gobierno español en funciones, donde reclama que se limiten las competencias del departamento que encabeza Raül Romeva. Al admitirlo a trámite la conselleria queda automáticamente suspendida porque el artículo 161.2 de la Constitución así lo prevé. Ahora bien, no es definitivo y hay cinco meses de tiempo para estudiar si realmente la conselleria de Asuntos Exteriores de nueva creación vulnera la ley y las competencias del Estado.
El año pasado y a raíz de la consulta del 9N del 2014, el gobierno español modificó la ley orgánica para dar herramientas y asegurar la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. Artur Mas sacó adelante el decreto de la consulta a pesar de la suspensión provisional del alto tribunal y eso provocó una situación insólita que el ejecutivo de Rajoy enmendó con un cambio de la ley el 16 de octubre del 2015.
Ahora el constitucional tiene herramientas para obligar a la Generalitat a suspender las funciones que no le corresponden a Raül Romeva. El Tribunal Constitucional, primero, avisará al ejecutivo catalán de que se está saltando la suspensión. Después empezarán los requerimientos judiciales y las alertas de las consecuencias judiciales. Las medidas van escalando en gravedad en caso de que la Generalitat las vaya ignorando.
La multa
Primero puede caer una multa, que según los casos va de los 3.000 a los 30.000 euros. La sanción tanto se puede imponer a las autoridades y trabajadores públicos como a particulares que incumplan la resolución. Además el Tribunal Constitucional puede repetirla hasta que haya resolución, o incluso hasta agotar la legislatura.
La suspensión de Puigdemont y Romeva
El Tribunal Constitucional puede suspender las funciones de los miembros del Gobierno y trabajadores públicos si mantienen todas las competencias de la conselleria de Asuntos Exteriores. El tiempo de suspensión de las funciones lo decide el alto tribunal.
La entrada del Gobierno Español
Si a pesar de las medidas que se han mencionado, el ejecutivo catalán mantiene la conselleria de Asuntos Exteriores, el Tribunal Constitucional puede pedir que el gobierno español se haga cargo de la situación y haga cumplir la ley. Y aquí cualquier opción sería válida.
El delito
Todo podría derivar en consecuencias penales y en este caso se podría pedir la imputación de un delito de desobediencia a los responsables políticos que han decidido no cesar la actividad de la conselleria de Asuntos Exteriores, en este caso el mismo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.