El Govern ve con buenos ojos que los ayuntamientos catalanes puedan cobrar algunas de las multas que se deriven de las más de 120.000 denuncias interpuestas por los Mossos d'Esquadra y las policías locales a personas que se han saltado las restricciones del estado de alarma por el coronavirus.

Así lo han indicado fuentes de la Conselleria de Interior, que han reconocido que están reestudiando la manera de tramitar las más de 120.000 denuncias interpuestas en sólo dos meses por saltarse las restricciones del confinamiento, una cifra que casi cuadruplica el habitual de denuncias administrativas que se imponen a lo largo de un año.

En el departament que dirige el conseller Miquel Buch consideran lógico que una parte de la recaudación de las multas que se acaben imponiendo por saltarse el confinamiento acaben en las arcas municipales, cosa que plantearán en la mesa que comparten con los ayuntamientos para evaluar el proceso de la desescalada por el coronavirus.

De las más de 120.000 denuncias impuestas hasta el momento, un 60% las han levantado los Mossos d'Esquadra y el 40% restante las policías locales.

Una vez hecha la denuncia, el trámite administrativo hasta interponer la multa va a cargo de la Conselleria de Interior, que ahora está estudiando cómo gestionar una avalancha tan elevada de expedientes en tan poco tiempo, reclutando personal de otras áreas del departament para poderlas gestionar para que ninguna se quede en el cajón.

En este sentido, las fuentes de Interior han insistido en que sería una falta de respeto para la gente que ha cumplido con el confinamiento que las denuncias interpuestas a los que se lo han saltado quedaran en nada.

Por eso, también afirman que están preparados para una posible avalancha de alegaciones, ya que son conscientes de que habrá bufetes que se organizarán para intentar parar el trámite administrativo mediante recursos y alegaciones.