La Generalitat ha empezado a estudiar todos los casos pendientes de juicio por disturbios y atentado contra la autoridad en los que está personada como acusación particular. Hay una treintena. Los funcionarios públicos tienen derecho a asistencia jurídica, pero después de las presiones y de los numerosos casos contra activistas se decidió personarse sólo como acusación particular en los casos que haya lesiones. Fuentes del Govern han confirmado a ElNacional.cat que se retiran del caso de los siete acusados de los disturbios en la concentración que tuvo lugar en la Ciutadella el día de la investidura fallida de Carles Puigdemont como president. Entre los otros casos de acusados independentistas de los que, finalmente, la Generalitat se retiró del caso hay el de un joven juzgado hace más de un año.

El juicio está previsto para este próximo 25 de noviembre y sólo tendrá la acusación de la Fiscalía. Los acusados son vecinos de Arenys de Munt, Barcelona, Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú. Los motivos de la retirada de la acusación de la Generalitat, según las fuentes consultadas, es porque durante la instrucción judicial no se ha podido acreditar ni probar que los acusados lesionaran a los mossos. El 14 de octubre los abogados de Alerta Solidària que representan a los siete acusados hicieron una petición a la Generalitat para que se retirara de la acusación.

La ofensiva de la defensa

Los abogados de Alerta Solidària denuncian que han sido "perseguidos, fotografiados, investigados y encerrados hasta 24 horas" y que "ahora, tres años y medio después, el montaje policial guisado en la Conselleria d'Interior de JuntsxCat nos comporta una acusación por desórdenes públicos, por agredir y por lesionar a agentes de los Mossos d'Esquadra". Una imputación que, según los abogados, "ha sido trasladada a los jueces españoles, para reprimir el derecho a protesta en el periodo de más movilización que ha tenido el independentismo". "Así es como nos pararon a todas y todos para volver al procesismo actual", concluye el grupo de encausados en un comunicado.

"Viendo como la Fiscalía compra a gusto la versión policial y nos carga con penas de entre 2 y 4 años, nos parece todavía más esperpéntica la acusación de la Generalitat, que a los siete, y por igual, nos exige 2 años de prisión. Nos mantienen reprimidos hasta el último minuto", denuncian públicamente en un comunicado en el que exigen al Govern de la Generalitat "la retirada inmediata de la acusación particular como ha hecho en dos otros casos en que se juzgaba a otros independentistas detenidos aquel mismo día 30 de enero del 2018".