El Govern trabaja contrarreloj para cerrar la respuesta al auto del TSJC que fija el 31 de mayo como fecha límite para que se aplique en las escuelas catalanas la sentencia que impone un 25% de castellano. El calendario presiona hasta el punto en el Palau de la Generalitat se ha advertido a los consellers y a sus equipos sobre la necesidad de mantener libre la mañana del viernes por si es necesario convocar una reunión extraordinaria del Govern para aprobar el decreto con que se tiene que blindar a los centros escolares. Este texto requiere una posterior ratificación del Parlament, lo cual obliga a agilizar los plazos.

Esta mañana ha sido el president, Pere Aragonès, quien ha asumido personalmente las conversaciones con los socios para desencallar este tema. Por parte de ERC también ha participado en las conversaciones la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y la de Cultura, Natària Garriga, pero, curiosamente, no estaba el conseller del ramo, el titular de Enseñanza, Josep Gonzàlez Cambray, cada vez más cuestionado por su gestión. Por parte de Junts, el vicepresident, Jordi Puigneró, y el secretario general del partido, Jordi Sànchez, pero también los futuros responsables de la formación, Laura Borràs y Jordi Turull, así como el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.

Decreto de Junts

La reunión ha servido para abordar la propuesta de decreto que Junts hizo llegar el lunes al president con el objetivo de blindar la inmersión, proteger a las direcciones de los centros y a los maestros, y dejar en manos del departamento de Ensenyament la validación de los proyectos educativos. Los republicanos han dado luz verde a la propuesta, que se añade al decreto que hace unas semanas anunció Cambray para regular el régimen lingüístico previsto a la ley de Educación del 2009, pero que no estará terminado antes de un año.

Fuentes de la negociación señalan que la reunión de Aragonès con la cúpula de Junts se habría abordado también la posibilidad de impulsar propuestas legislativas, más allá de la reforma de la ley del catalán, de la cual Junts se ha desmarcado argumentando que esta medida no tiene el apoyo de las entidades en defensa de la lengua y del colectivo docente. El Govern no da por cerrada esta carpeta y se apunta la posibilidad de responder a la sentencia que impone un 25% de castellano en las escuelas con una ley específica.

Nueva propuesta

Precisamente esta mañana, PSC, ERC y comuns habían lanzado un ultimátum a Junts, advirtiendo a esta formación que disponía de 24 horas para sumarse al consenso legislativo por la lengua. No han especificado si se referían a la reforma de la ley de política lingüística, pero si han dejado claro que tenía que ser un "texto legal" que dé respuesta a la sentencia del TSJC que fija el 25% del castellano en las aulas.

La respuesta de Junts en el Parlament ha sido igualmente clara. "Tenemos toda la predisposición y disposición para soluciones conjuntas y alternativas jurídicas que puedan llevar a evitar la imposición del 25% de castellano en las escuelas. Pero esta alternativa no pasa para reformar la ley de política lingüística, que Junts no aprobará en ningún caso," ha advertido.

Posteriormente, Esquerra ha reconocido que se ha abierto a negociar alternativas a la reforma de la ley de política lingüística, pero ha insistido en que esta propuesta no se puede limitar a un consenso entre las formaciones independentistas sino que tiene que preservar el acuerdo con PSC y comuns.

Recurso de reposición

Paralelamente, el Gabinet Jurídic de la Generalitat ha presentado hoy el recurso de reposición contra el auto que exige la ejecución de la sentencia de manera inmediata. El Gabinete Jurídico considera que la Asamblea por una escuela bilingüe no tiene legitimidad para pedir la ejecución de la sentencia y que el hecho que el auto se base en suya posición no sólo vulnera la ley del contencioso sino que además es contrario a la jurisprudencia. ​El Govern pide la suspensión de los efectos del auto hasta que se decida sobre el recurso de reposición.