No han hablado del procés, ni del referéndum en los aproximados 45 minutos en los que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el conseller homólogo, Carles Mundó, se han reunido en Madrid. Pero el Estado ha decidido hacer un guiño a Catalunya aceptando que las pruebas de acceso a la abogacía se puedan hacer a partir de ahora en catalán. La cuestión hacía tres años que era un clamor por parte de la Generalitat, y sólo requería de voluntad política. La misma que ha exhibido Catalá cuanto a "colaboración" y ganas de "resolver problemas", según ha afirmado ante los relojes y las lámparas barrocas del Ministerio y el blanco polar de las paredes del edificio.

Catalá no aporta a los encuentros entre conselleries y ministerios la misma épica que su compañero de gabinete, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las reuniones con el vicepresidente y conseller d'Economia, Oriol Junqueras. El dinero es un punto de tensión entre Barcelona y Madrid, pero la lengua tampoco es una cuestión menor. Así las cosas, el ministro ha firmado sin rodeos un acuerdo para garantizar la presencia del catalán en los exámenes para ser abogado y procurador. Esta medida tendrá su primera aplicación para aquellos graduados que se presenten a la prueba el 29 de octubre.

Fuentes de la conselleria afirman que se ha producido esta cesión "porque han querido". Sin embargo, no sólo ha sido voluntad política, como han exhibido ambos. El Comité de Ministros del Consejo de Europa se dirigió hace tiempo al Gobierno en relación con la aplicación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias. La presión internacional tomó forma de recomendación fechada el 20 de enero de este año, donde exigía que se "identificaran las medidas prácticas" para garantizar la presencia de las lenguas cooficiales en todo el Estado.

Por este motivo, los catalanes no son los únicos que podrán hacer uso del acuerdo, sino también los juristas valencianos. Mundó cree que el procedimiento "debería haber formado parte de la normalidad desde el principio". Crítico se ha mostrado también el conseller afirmando que "llegaba tarde" porque desde 2014 ya se han realizado tres evaluaciones exclusivamente en castellano. La "imposición" de la lengua estatal también había causado el rechazo del Consejo de la Abogacía Catalana y la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. Al respecto, Mundó remató que "cuando las cosas se quieren resolver, se resuelven".

No han hablado tampoco de la politización de la Justicia, que ha sido motivo de preguntas por parte de los periodistas. El diputado del Partit Demòcrata Francesc Homs asistirá el lunes a declarar en el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N. Sin embargo, no han compartido el análisis de vías alternativas para tratar el tema. Mundó ha sido taxativo pidiendo una respuesta política, no "una respuesta judicial" y añadió que era una "mala noticia" que las exconselleras Joan Ortega, Irene Rigau y el expresident Artur Mas también tuvieran que ir a los tribunales "por poner las urnas".