La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que empiece las acciones disciplinarias adecuadas contra el magistrado del juicio del 17-A Félix Alfonso Guevara Macos. El órgano ha expresado la suya "profunda preocupación y rechazo" por el comportamiento del presidente del tribunal que está juzgando los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Ha asegurado que la respetabilidad de un presidente de sala ha quedado caricaturizada estos días por sus "intervenciones fuera de tono, llamando y amenazando" a los abogados, en los que "se los han vulnerado gravemente" sus derechos.

Ha considerado que el propio Guevara tendría que presentar públicamente sus "respetuosas disculpas" a los abogados que se han visto "violentados, presionados y acondicionados y a todas aquellas personas que han visto limitado su derecho de defensa por esta actuación desmesurada e inadecuada dentro de la sala de juicio".

"La justicia es un servicio público y no un poder del Estado que impone arbitrariamente su voluntad, con formas y expresiones impropias, abusando de las funciones que le han sido encomendadas legalmente", ha añadido.

No autoritarismo ni exabruptos

La Comisión ha apuntado que hay que esperar de los jueces que resuelvan los conflictos y debates jurídicos "con argumentos también jurídicos y no con autoritarismo y exabruptos que los alejen de la debida imagen de imparcialidad que tienen que mantener". Ha añadido que la abogacía tiene que mostrarse "activamente en desacuerdo" con actuaciones autoritarias de ciertos miembros de la judicatura que impiden que la justicia sea administrada de acuerdo con el marco legal establecido.

El órgano ha recordado que el Consejo de Europa ha recomendado tomar todas las medidas necesarias para respetar, proteger y promover libertad de ejercer la profesión de abogado "sin discriminación ni injerencia injustificada por parte de las autoridades". Ha añadido que en varias ocasiones se han denunciado estas prácticas "antidemocráticas" como una violación del derecho a un juicio justo proclamado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

También han apuntado que el Estado se tiene que asegurar que los abogados puedan ejercer su tarea profesional "sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas" y sin que estén expuestos en persecuciones o sanciones administrativas. La Comisión ha reclamado la aplicación llena de todos los tratados internacionales y todo el derecho europeo ratificado por el Estado en relación a un juicio justo y la plena aplicación de los principios básicos sobre la función de los abogados de las Naciones Unidas.