Los candidatos propuestos por el Partido Popular para renovar el poder judicial han despertado cierto escepticismo, pero uno de los que está centrando más miradas es Enrique Arnaldo. El pasado con muchas sombras del jurista está aflorando ahora que se enfrenta al reto de asumir una responsabilidad como ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional (TC). Según publica El Confidencial, el candidato al TC del PP infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años con el fin de poder cobrar de dos universidades una pública y la otra privada. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, que podría comportar la suspensión de trabajo y sueldo públicos entre tres y seis años.

La ley universitaria recoge desde el 2007 que un funcionario docente en un centro público no puede impartir clases a un centro privado. Esta regulación pretende evitar que los profesores de las instituciones públicas dediquen parte de su jornada a otra universidad. La nueva normativa aprobada hace 14 años dio cuatro años de margen por aplicarse, es decir, esta limitación en la acción de los docentes universitarios entró en vigor el año 2011, pero no para Arnaldo.

Cuando se va aprueba la normativa, el candidato al TC era profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos y llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada adscrita a la Universidad Complutense. Teóricamente, el año 2011 tendría que haber decidido si quedarse en un centro o en otro, pero no lo hizo. Arnaldo siguió vinculado a los dos centros universitarios hasta el curso 204-2015.

Sin conciencia

El digital ha contactado con Arnaldo en busca de una explicación de lo que podría constituir en una infracción administrativa de carácter muy grave. El jurista se ha limitado a alegar que no tenía conciencia de haber incumplido la ley y que siguió dando clases a los dos centros a petición de los que en el momento eran director y rector del centro Cardenal Cisnero y la Universidad Rey Juan Carlos, respectivamente.

Si la respuesta no fuera lo bastante floja, Arnarldo lo ha acabado redondeando asegurando que el artículo 72.3, el cual regla esta imposibilidad de compaginar los dos lugares de trabajo, es de difícil interpretación. Dicho artículo recopila: "El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplica al personal docente e investigador a tiempo completo".

Arnaldo ha añadido que el centro Cardenal Cisnero no considera que se pueda entender como un organismo privado, ya que se trata de una fundación en que participa la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el centro se describe a su propia web como "un centro universitario privado, no confesional, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid." Una versión que no encaja con la del candidato del PP.

Un pasado lleno de sombras

Este no es el único hecho del pasado de Arnaldo que ha hecho saltar las alarmas. La principal sombra en su currículum es su imputación por el caso de corrupción Palma Arena. El jurista ha recordado que fue exonerado. Pero también aparece al sumario del caso Lezo, del PP de Madrid. En unas grabaciones se lo oye decir que se está "moviendo" para situar fiscales afines que favorezcan al expresidente madrileño Ignacio González. No se ha querido pronunciar recordando que está archivado. Finalmente, también han aparecido su participación en actos de la FAES, la fundación de José María Aznar. Ha justificado que eran debates "plurales" y que hablaba desde un punto de vista "técnico y jurídico".

Sin embargo, Arnaldo ha aprobado el examen de idoneidad que el Congreso de los Diputados hizo a los cuatro candidatos a renovar el Tribunal Constitucional. A pesar de las duras críticas que recibió durante su comparecencia, el jurista acabó recibiendo el visto bueno por parte de la cámara baja.

 

 

Imagen principal: El jurista y candidato al Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, compareciendo ante el Congreso de los Diputados para mostrar su idoneidad para el cargo / Efe