La guerra que el Ecuador ha iniciado contra el crimen organizado, las bandas narco terroristas que quieren imponer su ley, sigue. El presidente de la República, Daniel Noboa, quiere recuperar el control del país después de un golpe de estado criminal orquestado por las bandas que se dedican al tráfico de drogas y que los últimos años han impuesto el terror de manera tal que el Estado quedaba solo como un invitado de piedra. Las prisiones y las calles eran controladas por estas bandas que habían disparado el índice de criminalidad con la policía y las fuerzas armadas con las manos atadas por los políticos que han ocupado el palacio de Carondelet, en Quito, la capital del país.
Con el inicio de la ofensiva del nuevo gobierno del Ecuador para intentar limitar la acción de las bandas, los criminales se sublevaron y tomaron el control de varias prisiones del país y extendieron la violencia a todas las grandes ciudades con incendios de vehículos, bombas y secuestros de funcionarios públicos. El asalto armado en un canal de televisión, hace una semana, hizo saltar la alerta internacional, pero la guerra hacía días que se estaba cocinando.
Guerra civil contra los narco terroristas
La tarde de aquel 9 de enero el presidente Noboa dictó una orden presidencial que declaraba la guerra a una veintena de bandas criminales -Los Lobos y los Choneros, entre otros-, las protagonistas de los motines a las prisiones y de los asaltos a la calle, y los convirtió en objetivos militares. Esta declaración de guerra, que bautizó con el nombre de "conflicto armado interno", implicó la activación al máximo nivel de todas las unidades policiales y militares del país, que después de casi siete días de batalla han empezado a revertir la situación en un clima de guerra civil contra los narco criminales.
En el bautizado como 'plan Fénix', por el ave mitológica que renace de las cenizas, con operaciones policiales y militares masivas, con vehículos blindados y equipos de intervención especial, se ha recuperado el control de las prisiones que se habían sublevado y en todo el país se han hecho más de 1.300 detenidos, casi 200 por terrorismo. Cinco terroristas han tenido que ser abatidos. Se han devuelto a las prisiones una treintena de criminales fugados y se han liberado once policías que habían sido secuestrados. Dos policías han muerto en enfrentamientos contra las bandas.
El gobierno de Noboa califica de terrorismo los ataques que las bandas del crimen organizado, muchas de ellas con orígenes en el extranjero, han hecho por todo el país para intentar desestabilizar el gobierno, que quiere intentar poner orden en el Ecuador. Durante este golpe de estado criminal se han registrado diez atentados a infraestructuras policiales y trece más en edificios públicos y privados.
El incremento de controles de carretera y de explotaciones de investigaciones que estaban en marcha han permitido a la policía y a las fuerzas armadas, que trabajan de manera conjunta, confiscar 500 armas de fuego, 268 armas blancas, 12 cargadores de balas, 343 vehículos, 195 motocicletas, 14 embarcaciones, 462 explosivos, 10.241 municiones, 135 teléfonos móviles y unos 10.428 litros de combustible. El golpe de estado criminal no ha triunfado y el Ecuador, en una ola nacionalista de soporte a la policía y al ejército, ha frenado el primer intento, pero el control del país que anhela el presidente Noboa y su ejecutivo, elegido a las elecciones de finales de verano de 2023, todavía queda lejos.
De Correa a Noboa, del problema en la solución
El gobierno de Noboa tiene poco más de 50 días. Ha tenido tiempo de poca acción, pero ha querido intentar poner el pie en el cuello a los criminales que, hasta ahora, controlaban el Estado de manera velada. La corrupción de las instituciones policiales y de justicia, la permisividad de gobiernos anteriores, de Rafael Correa (acusado de ser el culpable de los primeros acuerdos con las bandas, origen del problema) a Guillermo Lasso (ya superado por la situación de inestabilidad y de inseguridad), los recortes en seguridad y la falta de fuerza para luchar contra el narcotráfico -Estados Unidos ha invertido mucho en otros países, pero no en el Ecuador, que históricamente no había tenido este problema- han ido debilitando la seguridad de un país que era un oasis en Sudamérica. En las últimas elecciones las bandas asesinaron a uno de los candidatos mejor posicionados de la oposición de orden, Fernando Villavicencio.
Este intento, sin embargo, le ha salido caro. Las bandas criminales se han sublevado y ha habido que desplegar toda la fuerza del Estado para evitar que pudieran hacerlo caer a él y al país. Extirpar el crimen organizado de las instituciones del Estado será clave y necesitará esfuerzos policiales y de la sociedad, que ya tienen que soportar la violencia narco terrorista y también las imposiciones de excepción, como el toque de queda nocturno ordenado por el gobierno ecuatoriano.
El presidente Noboa, sin embargo, está convencido que su éxito, y el éxito de su gobierno, paso solo para mantenerse fuerte e ir superando crisis, como esta que ha hecho implosión en las prisiones, y las que vendrán. Las 1.300 detenciones, recuperar el control de las prisiones y su apuesta para dar apoyo a la policía y las fuerzas armadas son el camino escogido. El tiempo dirá si sale adelante, las bandas preparan el segundo round.