El grupo parlamentario de Unidos Podemos, a instancia de En Comú Podem (ECP), ha pedido blindar en el Congreso la aplicación de la Ley contra los desahucios aprobada por el Parlament. La norma incluye medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y fue recurrida por el Gobierno en funciones del PP al Tribunal Constitucional.
Dos días después de un polémico desahucio en Sants, esta formación pide también la retirada del recurso de inconstitucionalidad de esta ley, así como el compromiso de no poner impedimentos para su total desarrollo. Lo ha hecho con una proposición no de ley presentada en el registro del Congreso para su debate en la comisión de Fomento.
También reclama que se realicen las modificaciones legales necesarias para facilitar que los derechos que recoge la ley puedan ser garantizados para otras comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
La misma que reclamaba Colau
Esta es la misma ley que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamaba en uno de los tuits que abrieron un enfrentamiento entre ella y los Mossos este miércoles por el desalojo de una familia con tres hijos en Sants. En uno de los mensajes, Colau señalaba el TC y el Partido Popular como responsables de los desahucios en Barcelona por haber suspendido esta ley.
Es urgente la ley contra desahucios suspendida x PP y TC: les hacemos directamente responsables de las 10 órdenes d desahucio diarias en BCN
— Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2016
La interposición del recurso de inconstitucionalidad que denuncia Colau fue acordada por el Gobierno español en funciones en el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril, que también pidió la suspensión de determinados preceptos. El grupo parlamentario de ECP lamentaba que "a pesar de la falta de legitimidad democrática" el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy "ha seguido tomando decisiones de gran envergadura".
¿Qué defendía la ley?
La ley incluía un mecanismo de segunda oportunidad que permitía cancelar las deudas vinculadas a la vivienda habitual de familias en situación de vulnerabilidad; la obligación para los grandes propietarios de viviendas de hacer ofertas de alquiler social antes de proceder al desahucio (a riesgo de ser sancionados) y atribuía a la Administración la capacidad de instar a los grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos para ponerlos de alquiler social.
El pasado 24 de mayo el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y dejó sin efecto los artículos que afectan a la exigencia de responsabilidades a los grandes propietarios de vivienda (incluyendo entidades financieras e inmobiliarias), mientras que se dejaron vigentes los que exigen responsabilidades directamente a la Administración y también los que hacen referencia a dar respuesta a situaciones de pobreza energética.
600 desahucios paralizados
Unidos Podemos ha defendido que la norma permitió a Barcelona, en cinco meses de plena aplicación, la paralización de 600 desahucios, la tramitación de 104 alquileres sociales, más de 1.500 requerimientos en bancos y entidades financieras con pisos vacíos para cederlos a alquiler social y 550 pisos de grandes tenedores, tanto en régimen de cesión como mediante compra y derecho de tanteo.
La ley tiene su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc.