La polémica por el apartamento que ocupa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el aparthotel de lujo Room Mate se complica todavía más. Una vez se ha sabido que no se trata de un apartamento sino de dos, ahora el contrato por el que se contrataron los servicios alimenta la suposición que no todo está en claro respecto a la residencia actual de Ayuso.

Según avanza la Cadena Ser, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid envió sobre las dos de la madrugada de este miércoles a ese medio el contrato que firmó su departamento con la Coordinadora del Tercer Sector por un valor de 230.000 euros. La intención, justificar que esta entidad ha cobrado un dinero para gestionar el hotel, que ha sido reconvertido en residencia para enfermos leves de coronavirus y así justificar el uso que de él hace Ayuso.

El Portal de Contratación de la Comunidad, hasta ayer, informaba que la empresa de Kike Sarasola, dueño de Room Mate, había recibido una adjudicación de 565.000 euros por la explotación de sus dos hoteles cedidos para la emergencia sanitaria. Pero, misteriosamente, tras la polémica por al apartahotel de Ayuso, esa información se ha corregido. Ahora, el documento dice que el beneficiario es otro. El gobierno madrileño lo achaca a un error, dicen que publicaron el nombre Room Mate por un fallo al volcar la información, e insisten en que esa compañía no ha visto ni un céntimo por la cesión de sus hoteles.

Documento creado el mismo martes

El caso es que, según el medio citado, queda claro que el documento del contrato se creó en la noche del martes, exactamente a las 23.59 del día 12 de mayo, cuando ya era sabido el uso, supuestamente fraudulento, de las instalaciones de un aparthotel por parte de la presidenta Ayuso.

Según la misma consejería, el documento tendría fecha de ayer porque han sido modificados datos personales, y que el auténtico habría sido firmado el 16 de abril. Esta información, en todo caso, entra en contradicción con la información del portal de contratación del gobierno madrileño, donde se asegura que el adjudicatario fue el mismo Room Mate.

Por su parte, la Coordinadora del Tercer Sector asegura que no ha cobrado nada de los supuestos 230.000 euros y, al contrario, que de momento han tenido que adelantar dinero.