El dispositivo del Govern para sacar adelante la votación del 1 de octubre empiezan a salir a la luz. Desde los 4.500 agentes electorales, los 2.000 coordinadores o colaboradores locales, los más de 60.000 ciudadanos que tendrán que ser convocados para cubrir las mesas electorales o los algoritmos que el Govern prepara para sustituir los colegios para las votaciones en aquellos ayuntamientos que no quieran ceder sus locales.

La información se revelará a partir de finales de mes, pero el anuncio del president, Carles Puigdemont, que prepara una bolsa de agentes electorales ha hecho que empezara a brotar la información.

El Govern prevé acreditar para el 1 de octubre un mínimo de 4.500 agentes electorales. La función de estos agentes será asumir las funciones que la LOREG reserva a los representantes designados por la administración y que garantiza el buen funcionamiento de la logística de la jornada.

La ley electoral, como ha subrayado el president, no habla de funcionarios para asumir estos trabajos, y la voluntad del Ejecutivo es abrir una bolsa para que trabajadores, sean o no funcionarios, se inscriban para asumir este papel. Esta es una práctica habitual en muchos consistorios y en algunos casos se prepara a partir de una bolsa de personas en paro. Previamente a su acreditación como agentes electorales, recibirán cursos de formación específica.

Los 2.000 coordinadores locales son los responsables de controlar el funcionamiento de los colegios electorales, su apertura, la comunicación de las posibles incidencias y el registro de los resultados. La designación de los coordinadores corresponde a los respectivos ayuntamientos y en el caso de los consistorios que no acepten participar, serán los agentes electorales los que asumirán estas funciones, por lo cual la cifra original de 4.500 que prevé el Govern tendría que crecer.

A partir de anteriores convocatorias a urnas, se trabaja con una cifra de entre las 6.000 urnas de las europeas y las 8.500 de las elecciones generales para calcular el número de personas que serán convocadas a participar en la constitución de las mesas. Hacen falta tres personas por urna, y dos sustitutos en cada una para el caso de que no se presente los titulares. El cálculo sitúa entre 54.000 y 76.500 personas las personas que tendrían que ser convocadas para garantizar el funcionamiento de las mesas. No se ha concretado, sin embargo, qué medidas se aplicarían a aquellos que no respondan a la convocatoria, que en las elecciones convencionales se notifica acompañada del correspondiente aviso sobre querellas, multas e incluso penas de prisión, en caso de que no se atienda la citación.

El Govern, además, prepara algoritmos para sustituir los colegios electorales en el caso de los consistorios que no cedan las sedes habituales. En este punto, y vista la voluntad de garantizar una situación lo más similar posible a cualquier otro convocatoria en urnas, el ejecutivo prepara algoritmos para garantizar que la sede que sustituya al colegio habitual no esté a más de 700 metros de esta.

La Ley de Transitoriedad prevé asimismo la constitución de una Junta Electoral que se encargue de garantizar el funcionamiento y la transparencia de todo el dispositivo. Un elemento clave será el censo. El Govern no dispone del censo, pero sí tiene los datos.