Derogar las leyes contra la violencia machista o la homofobia, la inmigración o acabar con la inmersión lingüística han sido las fijaciones de Vox en el Parlament de Catalunya a través de las iniciativas que han presentado o las intervenciones que han hecho desde la tribuna de oradores. La primera legislatura con representación del partido de extrema derecha en la cámara acaba con varios diputados de ultraderecha investigados por su discurso de odio, pero sin ninguna sanción. Expertos advierten que su presencia ha hecho que se hayan roto consensos sociales y que el debate político ya no se sitúe en la centralidad, sino más a la derecha. Algunas formaciones que comparten espacio ideológico entran en las dinámicas populistas para "recuperar electorado".
En estos tres años de legislatura, Vox ha presentado un total de once proposiciones de ley, todas ellas rechazadas. Su estreno fue con una norma para "eliminar los privilegios de carácter retributivo de los expresidentes de la Generalitat y del Parlament". Y buena parte de sus iniciativas en este sentido han girado alrededor de "suprimir" organismos de la administración de la Generalitat: el Instituto de Estudios del Autogobierno, los consejos comarcales, las delegaciones del Govern en el exterior y el Centro de Estudios de Opinión.
Derogar las leyes contra la violencia machista o la homofobia
La última proposición registrada, este mes de marzo, pedía eliminar el decreto de 2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. En cuestión de género, también han planteado derogar la ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (para sustituirla por una ley de "violencia intrafamiliar") o acabar con la ley que establece medidas correctoras para equilibrar la presencia de mujeres y hombres en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
La inmigración y la lengua, sus caballos de batalla
Durante toda la legislatura, Vox ha presentado un total de 46 mociones al Parlament, consecuencia de sus interpelaciones al Govern. Unas iniciativas que han reflejado claramente cuáles son sus prioridades y su agenda. De los textos registrados, en ocho han hecho referencia a la "inmigración ilegal" o los menores migrantes no acompañados (vinculándolos a la delincuencia), y en cinco han denunciado la supuesta "islamización" de Catalunya. En la misma línea contra los recién llegados, siete de estas mociones apostaban por la "prioridad nacional", que persigue que, en las ayudas sociales o el acceso a la vivienda, las personas con nacionalidad española vayan por delante de los que no la tienen.
El otro gran caballo de batalla del partido de extrema derecha ha sido la lengua. En ocho de las mociones presentadas apostaban por derogar la inmersión lingüística o el "requisito lingüístico" para determinados profesionales, como el personal sanitario o el profesorado. El grupo presidido por Ignacio Garriga también ha registrado cinco iniciativas que reclamaban derogar la Conselleria de Igualdad y sus políticas; tres para una rebaja generalizada de impuestos; dos contra el "fanatismo ecológico", o dos más que apuestan para cerrar TV3 y Catalunya Ràdio o suprimir las ayudas a los medios de comunicación.
Una legislatura sin declaraciones institucionales
La presencia de Vox en la cámara también ha afectado en las declaraciones institucionales del Parlament. Desde que el partido de ultraderecha tiene representación, el Parlament no ha podido hacer ninguna declaración institucional porque estas se tienen que sacar adelante en conformidad de todos los grupos políticos. La última, por lo tanto, es de diciembre de 2020, durante la anterior legislatura.
Por eso, el Parlament optó por hacer declaraciones de la Junta de portavoces, donde tienen representación todos los grupos parlamentarios y para que salga adelante solo hace falta que se imponga una mayoría. La formación de Ignacio Garriga no ha dado apoyo a ninguna declaración conjunta contra la violencia machista o la homofobia. Tampoco se ha querido posicionar en cuestiones como la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza, e incluso se ha desmarcado de declaraciones para el Día Mundial de los Niños o de apoyo a las personas afectadas por la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica.
Sin sanciones
El año 2016, el Parlament aprobó el código de conducta de los diputados. El artículo 7.2 recoge que los diputados del Parlament "tienen que mantener en todo momento una conducta respetuosa con los otros diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación en razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra". Un hecho que, a menudo, no ha estado así desde la bancada de la extrema derecha. La expresidenta de la cámara, Laura Borràs, o la actual Anna Erra, han llamado la atención varias veces a los diputados de ultraderecha para proclamar discursos de odio desde su escaño.
De hecho, los diputados Alberto Tarradas e Ignacio Garriga han acabado a la comisión del Estatuto de los Diputados por haber infringido, presuntamente, el código de conducta. Al debate de política general del 2021, Garriga afirmó que "hay que poner freno a la inmigración ilegal", añadiendo que "solo las calles volverán a ser seguras cuando las fronteras vuelvan a estar verdaderamente protegidas". Por estas palabras, la Mesa del Parlament dijo que estudiaría sancionar al líder de Vox. Un hecho parecido pasó a la Comisión de Control de la CCMA cuando Tarradas se refirió a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, como "narcopresidenta".
El año pasado, en plena campaña electoral del 23-J, en un mitin de Vox en Badalona, Garriga interrumpió el acto en que estaba hablando para acercarse y enfrentarse a los manifestados antifascistas. La Comisión del Estatuto del diputado del Parlament aseguró que abriría una investigación. Si se hubiera confirmado la infracción, la Mesa podría haber impuesto a los diputados de Vox una multa económica que va de entre 600 a 12.000 euros. Incluso, en caso de ser calificada de "muy grave", el Pleno podría haber acordado la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria. Las investigaciones de la comisión, sin embargo, han quedado en papel mojado.
La ACN ha podido confirmar que el Parlament no ha podido sancionar estos comportamientos y declaraciones. La comisión encargó un informe a los letrados sobre el límite del derecho de palabra de los diputados, de acuerdo con el artículo 7.2 del código de conducta, que concluyó que limitable el discurso político sí chocaba con los derechos humanos. No obstante, fuentes parlamentarias han indicado que si se llegara a sancionar a los diputados de Vox, podrían recurrir la decisión presentando un recurso contencioso-administrativo que, probablemente, tendrían ganado amparándose en la libertad de expresión.
Decae la reforma del reglamento
Para hacer frente a este vacío legal, ERC y la CUP llevaron a votación la reforma del reglamento del Parlament y se aprobó salirla adelante gracias a los votos favorables de PSC, Junts y los comunes. Entre otras cuestiones, los republicanos y los anticapitalistas querían combatir los "discursos de odio" en sede parlamentaria de los diputados de Vox. Una propuesta que con la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones ha decaído.
Esquerra y la CUP planteaban que el reglamento recogiera explícitamente este tipo de discursos como uno de los motivos que puede comportar que la presidencia del Parlamentllame al orden e, incluso, expulse diputados del hemiciclo. La próxima legislatura, los grupos tendrán que decidir si vuelven a poner sobre la mesa la reforma del reglamento.