“No disponemos de herramientas para proteger y ayudar a los alertadores de corrupción y darles todo lo que se merecen”. El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, ha admitido esta realidad en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament este jueves, en una comparecencia solicitada por el diputado de la CUP Dani Cornellà, a raíz de las quejas de ciertas personas que tienen esta categoría, pero que no se sienten suficientemente acompañadas. Salàs ha asegurado que la ley estatal 1/2023 sobre la persona alertadora “tiene 34 carencias”, básicamente “normativas”, como el hecho de que las resoluciones de Antifraude no tienen carácter ejecutivo y “si se incumple alguna resolución de Antifraude, ahora no pasa nada”.
También ha aclarado que la ley española no recoge medidas cautelares ni apoyo económico ni indemnizaciones para estos informadores, “hecho que crea mucha angustia”, y que hay un caso de una persona alertadora que “está en un proceso de desahucio inminente”. El director ha asegurado que “hacen todo y más” para atender a estas personas, a pesar de las carencias actuales. También ha añadido que la actividad de la oficina es “frenética” con un incremento constante de denuncias, que sumaron 2.059 en 2025.
74 informadores protegidos
Actualmente, hay 74 personas en Catalunya a las cuales Antifrau les ha dado la categoría de alertadoras. Se han publicado casos de una trabajadora del Ayuntamiento de Mataró, como también del gerente de Tarragona Ràdio. Antifrau obtuvo en marzo de 2023 la categoría de autoridad competente en materia de protección de las personas que facilitan información veraz sobre infracciones del derecho de la Unión Europea o sobre infracciones penales o administrativas graves o muy graves, obtenida en un contexto profesional o laboral y con finalidad de defensa del interés general. Desde entonces, se ha protegido a 84 personas. La ley fija que la protección es de dos años, límite que se pide ampliar.
La ley catalana, pendiente
En su comparecencia, Salàs ha pedido a todos los grupos políticos su implicación para mejorar la ley estatal —con carencias de la transposición que también se ha visto en otros países, ha indicado— y para impulsar la nueva ley catalana de protección de alertadores, que continúa en trámite de borrador. En este sentido, el director de Antifrau ha manifestado que “debe ser el legislativo” quien fije los baremos de ayudas económicas de estas personas y que tengan acceso a justicia gratuita.
El director también ha afirmado que no pueden hacer públicas sus resoluciones para no contravenir la ley de protección de datos. La diputada republicana Marta Vilalta le proponía hacer públicas las resoluciones “para hacer presión, como una pena de telediario”.
En este sentido, Salàs ha explicado que hay administraciones que hacen caso a sus resoluciones, pero hay otras que “contratan a abogados estrella con dinero público” para hacer frente cuando es denunciado. El diputado del PP Cristian Escribano ha preguntado por el caso del Ayuntamiento de Mataró, que “no respondió a Antifrau hasta un mes después”. En uno de los procesos denunciados penalmente, el consistorio de Mataró ha sido eximido de haber cometido prevaricación en la contratación denunciada por una alertadora, a pesar de que la resolución está recurrida.
Siete expedientes sancionadores pendientes
Los diputados han insistido en preguntar cuántos procesos sancionadores tiene abiertos Antifrau y por qué no los ejecuta, como se le reclama. El director de Antifraude ha detallado que actualmente la oficina tiene siete procesos sancionadores en trámite y paralizados, a la espera de que la justicia resuelva, en cada caso, que la represalia que la administración ha hecho a la persona lo es realmente, como un despido.
Salàs también ha aclarado que Antifrau tampoco puede sancionar a la administración si no hace caso de sus resoluciones. Y por eso propone que la ley española o la catalana tipifique como infracción muy grave la falta de atención de las resoluciones o requerimientos emitidos para la protección de personas alertadoras.
Paralelament, Antifrau ha presentado su primer proyecto participativo, centrado en la elaboración de la futura carta de servicios de protección de las personas alertadoras.