Diosdado Toledano (EUiA) es el portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Renta Garantizada Ciudadana, un proyecto legislativo que pretende implementar una prestación de casi 8.000 euros anuales para todos aquellos que se encuentran en una situación de pobreza. Junto con otras entidades, sindicatos y partidos, el próximo 29 de mayo participará en la manifestación Els drets no se suspenen, que tiene como objetivo reivindicar las leyes catalanas aprobadas por el Parlament ante los poderes judiciales y denunciar la pérdida de derechos políticos, sociales y laborales por las reformas del Gobierno de Rajoy.
La judicialización de la política va en aumento. Éste es precisamente el leit motiv de la manifestación.
La idea principal es que no se suspendan nuestros derechos: el derecho al trabajo, los derechos sociales y la democracia real. La movilización se empezó a preparar tras la suspensión de varios artículos de la Ley de Emergencia Habitacional por parte del Tribunal Constitucional (TC), lo que representó una agresión a una ley aprobada por unanimidad en el Parlament. Causó mucha sorpresa e indignación que el TC aceptara el recurso del Gobierno.
¿Qué papel debería jugar el Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional debería respetar la opinión del Parlament cuando una ley se aprueba por unanimidad. Debería ser así por respeto a la soberanía de Catalunya.
¿Solo en el caso de aprobarse por unanimidad?
Con una mayoría sería suficiente, pero es evidente que la suspensión de una ley aprobada por unanimidad causa más indignación.
Entonces, ¿se deberían modificar las funciones del alto tribunal para que no pudiera anular leyes aprobadas por el Parlament?
Hace falta una reflexión política sobre las prácticas que ha habido hasta ahora. El Tribunal Consititucional debería tener algunos límites y, además, ser mucho más independiente.
Diosdado Toledano reivindica la creación de la Renta Garantizada Ciudadana ante el Parlament. / Asociación RGC
La manifestación representa la unidad de distintos sectores en Catalunya en contra el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve que algunos partidos como Ciudadanos o el PP no acudan?
Más que una movilización en contra del organismo, es en contra de la decisión de suspender derechos. Creo que, por convicción democrática y por coherencia, todos los partidos que votaron la Ley de emergencia energética y habitacional deberían sumarse. El apoyo a la ley debería anteponerse a la disciplina de partido.
Los convocantes reivindican la aprobación de la ILP de Renta Garantizada de Ciudadanía en el Parlament. ¿Hay consenso político para sacarla adelante?
Es por lo que trabajamos en la Comisión Promotora. Las enmiendas de Junts pel Sí apuntan a una concordancia en el modelo, pero también a desacuerdos en algunas partes. De hecho, las prestaciones económicas presentadas por Ciudadanos, PSC i PP superan la de Junts pel Sí y se acercan más a nuestra propuesta inicial, de 569 euros en 14 pagas.
Con la situación económico-financiera de la Generalitat, ¿sería factible aplicar la ley?
Se podría financiar perfectamente porque la propuesta de ley absorbería muchas ayudas existentes en la actualidad. Además, tendría efectos positivos sobre ciertos sectores de la población, por lo que se revertiría la situación económica actual.
¿Se solucionaría la creciente desigualdad y pobreza en Catalunya?
La medida corregiría la pobreza, no la solucionaría.
¿La nueva ley podría seguir el mismo camino que otras leyes catalanas y ser suspendida por el TC?
Es muy difícil que, una vez aprobada, se suspenda. La ley desarrolla el artículo 24.3 del Estatut, que nunca fue puesto en duda cuando se decidió llevar el texto estatutario al alto tribunal.
¿Cree que con un nuevo Gobierno en España se seguiría recurriendo al TC para suspender las leyes catalanas?
Un Gobierno de izquierdas y progresista en el Estado respetaría todas las decisiones del Parlament de Catalunya.