Aprobar primero y negociar después o negociar primero para asegurarse de que el decreto sobrevivirá al Congreso. Este es el dilema que tiene sobre la mesa Pedro Sánchez a solo dos días de un Consejo de Ministros que puede volver a poner a prueba las costuras de la coalición. Sumar exige que el martes se apruebe "sí o sí" un nuevo paquete de medidas de vivienda y ha amenazado incluso con no asistir a la reunión si el PSOE vuelve a aplazarlo o presenta medidas que considera "descafeinadas". Los socialistas, en cambio, quieren evitar repetir la historia de julio: aprobar un decreto que unas semanas después acabe tumbado en el Congreso por falta de apoyos. Y es aquí donde aparece Junts, que vuelve a tener una de las claves de la mayoría parlamentaria. El PSOE ha retomado los contactos con los de Carles Puigdemont y estudia las propuestas que el partido entregó directamente a Sánchez el pasado 3 de septiembre. Míriam Nogueras asegura que los socialistas ven "con buenos ojos" algunas de estas medidas y reclama encontrar un "mínimo común denominador" que permita aprobar el decreto cuanto antes. El desahucio de Maricarmen ha acelerado un acuerdo que llevaba dos meses encallado. Ahora el Gobierno tiene poco más de 48 horas para comprobar si la indignación social es suficiente para cuadrar una mayoría parlamentaria que hasta ahora parecía imposible.
Sumar pone el reloj en marcha
La primera dificultad es el calendario. Sumar no quiere esperar más. Después del desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada del piso de Madrid donde había vivido durante siete décadas, el socio minoritario considera que el Gobierno del Estado necesita dar una respuesta inmediata. El comunicado difundido el sábado es especialmente contundente: el Consejo de Ministros del martes debe aprobar medidas "efectivas" y "no valen parches". Si no es así, los ministros del espacio de Sumar amenazan con plantar la reunión. Entre las medidas defendidas por Sumar está la de recuperar la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, prorrogar contratos de alquiler y reforzar la protección ante los grandes tenedores. El espacio también ha reclamado medidas concretas contra la especulación, como regular con más dureza los alquileres de temporada y limitar la actividad de los fondos inmobiliarios.
El precedente de julio
Para el PSOE, sin embargo, aprobar el decreto el martes sin haber hecho antes los números en el Congreso comporta un riesgo considerable. No sería la primera vez. El Gobierno ya tenía previsto llevar este mismo paquete de vivienda al Consejo de Ministros a finales de julio, pero acabó aplazándolo precisamente porque no disponía de los votos necesarios para convalidarlo. En aquel momento, uno de los principales obstáculos era Podemos, que rechazaba la reforma de la ley del suelo incluida en el texto.
Los decretos ley entran en vigor cuando los aprueba el Consejo de Ministros, pero deben ser convalidados posteriormente por el Congreso. Esto explica la prudencia socialista: la Moncloa puede satisfacer a Sumar el martes y, unas semanas después, ver cómo una de sus grandes medidas sociales cae en la cámara baja. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que el Gobierno trabaja para que el decreto llegue el martes al Consejo de Ministros, pero también que necesita asegurar los apoyos parlamentarios. Félix Bolaños ha confirmado contactos con diferentes grupos y ha reclamado "responsabilidad" para poder aprobar un paquete de medidas "potente y completo".
¿Qué quiere Junts?
Aquí es donde el rompecabezas se vuelve más interesante, porque las posiciones de Junts y Sumar no son completamente antagónicas. Junts ha propuesto, entre otras medidas, detener los desahucios cuando el propietario sea un fondo de inversión e impedir que estos fondos sigan adquiriendo viviendas. En estos puntos puede haber un terreno de coincidencia considerable con Sumar.
Las diferencias aparecen sobre todo en la política fiscal y en el tratamiento de los pequeños propietarios. Junts plantea desgravaciones vinculadas al alquiler, a la compra de vivienda y a las cuentas de ahorro destinadas a adquirir una, una filosofía que busca combinar la protección del inquilino con incentivos a los propietarios. Precisamente estas bonificaciones habían generado reticencias en la izquierda del Gobierno. Pero en los últimos días se ha producido un movimiento importante.
La posible bisagra del acuerdo
Sumar se ha abierto a aceptar incentivos fiscales para los propietarios. El mismo Ernest Urtasun sostiene que "hay margen" para llegar a un acuerdo, ha celebrado que Junts haya vuelto a la mesa de negociación e insiste en que existe la "voluntad política" del gobierno de coalición de que el decreto salga adelante, admitiendo que su espacio podría asumir bonificaciones para los arrendadores afectados por la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler. Es una de las concesiones que Junts reclamaba y podría convertirse en la bisagra que permitiera cuadrar el decreto.
La fórmula podría consistir, por tanto, en un intercambio: más protección para los inquilinos y más restricciones a los grandes tenedores, a cambio de incentivos fiscales para los pequeños propietarios que tengan que asumir prórrogas o limitaciones de renta. No significa que el acuerdo esté cerrado. Junts advierte que no apoyará medidas que considere "jurídicamente inaplicables" e insiste en que nadie tiene que renunciar a sus principios. Pero Nogueras también ha pedido explícitamente encontrar un "mínimo común denominador", una expresión que indica que el partido no exige necesariamente que todas sus propuestas acaben dentro del decreto.
Un decreto con dos almas podría acabar siendo la solución de Sánchez. Por un lado, medidas que permitan a Sumar defender que el gobierno del Estado responde a la crisis social abierta por el caso Maricarmen: protección ante los desahucios, prórrogas de los contratos y limitaciones a los grandes fondos inmobiliarios. Por el otro, concesiones que permitan a Junts justificar su voto, especialmente incentivos fiscales a los propietarios y medidas dirigidas a facilitar el acceso a la compra de vivienda.
Y después todavía queda el Congreso
La otra dificultad es que Junts no es la única pieza que debe encajar. El Gobierno del país también mantiene contactos con Podemos y con otros grupos parlamentarios, porque la geometría exacta de la votación dependerá del contenido final del decreto. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reclamó el viernes a los partidos del Congreso "altura de miras" y "responsabilidad" para aprobar un real decreto ley con medidas "potentes" que faciliten el acceso a una vivienda asequible y eviten desahucios "tan traumáticos" como el de Maricarmen. Bolaños aseguró explícitamente que el Gobierno español mantiene conversaciones con "todos los grupos parlamentarios que quieren llegar a un acuerdo" en esta materia y "no solo con Junts". Por ello, más que una negociación bilateral entre PSOE y Junts, lo que la Moncloa intenta construir es una combinación parlamentaria capaz de sobrevivir a una votación que previsiblemente volverá a ser ajustada.
La aritmética parlamentaria da al PSOE cierto margen, pero no mucho. La convalidación de un decreto ley no exige mayoría absoluta, sino más votos a favor que en contra. Si PP y Vox votan no, suman 169 escaños, de modo que el Gobierno de coalición necesita al menos 170 votos afirmativos. Con PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Junts llegaría a 173, pero también podría buscar combinaciones alternativas con Podemos. Lo que sí sería casi letal es que Junts se sumara al no de PP y Vox, porque este bloque llegaría a los 176 votos y haría prácticamente imposible salvar el decreto.
Y este es el verdadero sudoku de Sánchez: Sumar necesita demostrar que gobierna y que es capaz de arrancar medidas ambiciosas al PSOE; Junts necesita demostrar que sus votos sirven para modificar las políticas del Gobierno español; y el PSOE necesita satisfacer a ambos sin aprobar el martes un decreto condenado a morir unas semanas después en el Congreso.