El caso Maricarmen sigue haciendo crecer la onda expansiva dentro de la política española y ahora amenaza con llegar hasta el mismo Consejo de Ministros. Sumar ha lanzado este sábado un ultimátum al PSOE: si el martes el Gobierno no aprueba un decreto de vivienda con medidas contundentes contra los desahucios y la especulación, sus cinco ministros están dispuestos a no entrar en la reunión del gabinete de Pedro Sánchez. "Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si es necesario", advierten en un comunicado conjunto Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns. Las cuatro formaciones reclaman a su socio de gobierno que deje de "ponerse de perfil" ante la crisis de la vivienda y avisan de que no aceptarán un texto descafeinado: "No valen parches". El pulso lo han lanzado los cinco miembros del espacio dentro del Gobierno: la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La amenaza de plantar el Consejo de Ministros, pero, no sería nueva: sus ministros ya lo hicieron hace medio año para forzar la aprobación de medidas de protección de los inquilinos.
Los cinco forman parte del actual ejecutivo de coalición, pero el ultimátum de plantar el Consejo de Ministros llega, además, en un momento en que la continuidad de Sumar dentro del ejecutivo ya ha entrado en el debate de la izquierda. Ada Colau, que ayer se postuló como posible candidata de una posible candidatura conjunta, reclamó esta semana que el espacio abandone el gobierno si el PSOE no hace un "punto de inflexión" en las políticas de vivienda, pero Ernest Urtasun ha asegurado que no se contempla un escenario de ruptura de la coalición; que el objetivo es presionar desde dentro para que el gobierno apruebe medidas contundentes. La posible plantada de martes, por lo tanto, no equivale todavía a una amenaza de salir del ejecutivo, pero aumenta un grado más la tensión entre los dos socios.
El efecto Maricarmen llega a la Moncloa
Sumar vincula directamente el endurecimiento de su posición al desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada esta semana del piso del barrio madrileño del Retiro donde había vivido durante más de siete décadas. Y es que el caso ha abierto una ventana de oportunidad porque ha removido conciencias y ha abierto una herida social que Sumar quiere convertir ahora en presión política sobre el PSOE, hasta el punto de amenazar con plantar el Consejo de Ministros si el martes no se aprueba un decreto de vivienda con medidas contundentes. El caso ha provocado una fuerte movilización social y ha vuelto a situar la crisis de la vivienda en el centro de la agenda política. "El desahucio de Maricarmen y la respuesta de la sociedad civil han mostrado de nuevo, de la manera más cruda, el gran problema que atraviesa nuestro país: la vivienda", sostiene Sumar, que lo define como "la gran fábrica de desigualdad" de la sociedad española y "la herida por la cual se desangra nuestra democracia". Sumar quiere aprovechar esta ventana para elevar la apuesta. "La sociedad no aceptará respuestas parciales ni medidas descafeinadas ante el drama de los desahucios", advierte el espacio de Yolanda Díaz. El comunicado se cierra con una consigna que resume el tono del ultimátum: "Sin excusas ni rebajas".
Lo que exige Sumar
Por eso, las fuerzas que forman el espacio exigen que el decreto incluya "sí o sí" una prórroga reforzada de los alquileres, más protección de las familias vulnerables ante los desahucios y los fondos buitre, la regulación de los pisos turísticos, medidas contra el fraude en los contratos de temporada o por habitaciones y la renovación automática de los contratos de alquiler. Sumar también reclama encontrar una fórmula para que Maricarmen pueda recuperar su casa, a pesar de que el comunicado ya no insiste explícitamente en la expropiación del piso, una propuesta que había defendido los últimos días y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, había cuestionado.
Sumar aprovecha, además, para cargar directamente contra el PSOE y recordar que la semana pasada los socialistas se abstuvieron en el Congreso en una iniciativa para prohibir la compra de viviendas por parte de fondos buitre.
La negociación con Junts, la otra batalla
Pero aprobar el decreto al Consejo de Ministros solo sería el primer obstáculo. Como que se trata de un real decreto ley, el Gobierno necesitará después una mayoría en el Congreso para convalidarlo, y aquí Junts vuelve a tener un papel determinante. El Ministerio de Vivienda mantiene negociaciones contra reloj con el partido de Carles Puigdemont para intentar llegar a un acuerdo antes del martes. Junts ha planteado, entre otras medidas, prohibir los desahucios de familias vulnerables cuando la vivienda sea propiedad de un fondo de inversión e impedir que estos fondos puedan comprar viviendas. Míriam Nogueras asegura que el PSOE ve estas propuestas "con buenos ojos". A cambio, los de Puigdemont también reclaman incentivos y bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por las prórrogas de los contratos, deducciones para los locatarios y garantías de que las nuevas medidas no invadan las competencias de la Generalitat.
Es aquí donde pueden aparecer las fricciones con Sumar. Urtasun se ha mostrado dispuesto a estudiar algunas de las compensaciones fiscales reclamadas por Juntos para facilitar un acuerdo, pero su espacio avisa que el resultado final no puede ser un decreto de mínimos.
El mismo gobierno admite que el texto continúa abierto. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trabaja sobre un borrador que incluye diferentes fórmulas para frenar los desahucios, intervenir sobre los alquileres y utilizar incentivos fiscales, en medio de las fuertes diferencias entre los partidos necesarios para formar una mayoría parlamentaria.