La exmilitante del PSOE Leire Díez se vanaglorió de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, implicado en la operación Catalunya y con la policía patriótica del PP, le daría pruebas que “demostrarían la corrupción de Marchena” y podrían desencallar la aplicación de la ley de amnistía, aprobada en junio de 2024. Así se recoge en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ha incorporado en la investigación de la Audiencia Nacional, sobre la supuesta trama iniciada el 2024 y liderada por el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán con Díez, para intentar desacreditar a jueces y fiscales que investigan al PSOE y a familiares del presidente Pedro Sánchez. En el informe, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Díez, sin embargo, no detalla nada de esta supuesta incriminación del juez Marchena, que presidió el tribunal que juzgó y condenó por sedición a los líderes políticos y sociales del 1-O, y que ahora bloquea la aplicación de su amnistía. También para el president en el exilio, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que tampoco pueden volver a Catalunya desde el otoño de 2017.
En concreto, la UCO reproduce un trozo del documento, encontrado en el ordenador de Díez, titulado Estado de Situación y fechado el 16 de enero de 2025, en el que Díez relata la situación de uno de los asuntos que llevaba y de las entrevistas con Villarejo. Afirma: “A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz. Entre esta documentación están los audios y los pagos que involucran a Marchena y el papel del PP en todo lo que ha venido a llamarse Policía Patriótica que involucra a toda la cúpula del Govern de Rajoy e incluso a Feijóo comprando las elecciones gallegas de 2012. Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas”.
El juez Marchena quedó señalado cuando un dirigente del PP indicó que tendrían controlado el Consejo General del Poder Judicial por la puerta de atrás, mensaje que le obligó a retirarse como candidato a presidir el órgano de gobierno de los jueces en el año 2018. También se ha explicado que su hija entró en la carrera fiscal sin que quedaran plazas. Todo esto, años antes de la supuesta trama del PSOE, iniciada —según los investigadores— con la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en marzo de 2024.
Contactos con Fiscalía
En la investigación, que dirige el juez Santiago Pedraz, la Guardia Civil informa de que Leire Díez informa a sus interlocutores de que se reunirá con responsables de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Álvaro García Ortiz, para alcanzar acuerdos. Uno de ellos podría ser la rebaja en la petición de penas a Villarejo y también a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, en el caso Kitchen. Ambos juzgan en la Audiencia Nacional, junto con el exministro del PP Jorge Fernández Díaz, que negó haber urdido ninguna acción para obtener información del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Díez conseguía sumarios e información comprometida y la daba, como a los empresarios afectados por la operación Catalunya, entre ellos el expresidente del Barça, Sandro Rosell. Cabe decir que ninguna de las gestiones hechas por Díez ha tenido un efecto real en procesos judiciales. Ningún juez español ha querido investigar a la policía patriótica del PP.