A la espera de la sentencia del juicio del 1-O, que se espera contundente, y ante el más que evidente desprestigio de la justicia española, especialmente con respecto a la gestión del caso catalán, el convencimiento entre el independentismo que la batalla jurídica real se tendrá que ganar internacionalmente es cada vez más grande. Una batalla que también se empieza a evidenciar que no será un camino de rosas, ni aportará una solución milagrosa al conflicto, pero que se ve crucial e imprescindible.

En este contexto se han abierto, y se abrirán todavía más en los próximos meses, varios frentes. El que todo el mundo tiene en mente es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo –que será el encargado de revisar la sentencia del juicio en el procés con respecto al cumplimiento de los derechos humanos una vez agotadas las vías españolas–, pero también se está trabajando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo –donde están recurridos los casos de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras–, además de la ONU.

Este último frente es, de hecho, el que ya ha obtenido las primeras victorias, pero la batalla será larga y sus frutos se verán mejor a largo plazo. Así lo argumentaba esta semana una de las impulsoras de las demandas a las Naciones Unidas, y profesora en derechos humanos en Ginebra, Neus Torbisco-Casals, en una conversación con El Nacional durante la Universitat Catalana d'Estiu celebrada en Prada.

Torbisco defiende que hace falta una "estrategia jurídica internacional" de todo el independentismo y una intensificación de la difusión internacional del conflicto. También asegura que aunque España no cumpla las resoluciones del grupo de detenciones arbitrarias de la ONU sobre la liberación inmediata de los presos, será la acumulación de resoluciones negativas y las advertencias de incumplimientos de los derechos humanos lo que hará caer España a la "lista negra" de Estado a ojos del mundo. La estrategia es, pues, ir logrando pequeñas victorias que acaben convirtiéndosese en una auténtica 'gota malaya' para el Estado y que muevan Europa.

En este sentit,Torbisco asegura que cuando haya una quincena de resoluciones negativas de la ONU contra España y estas cojan un amplio espectro –es decir, cuando se denuncien vulneración de derechos humanos en casos no sólo de políticos sino también de cantantes como Valtonyc, manifestantes anónimos arrestados o periodistas–, será cuando "se empiece a ver España como a Turquía".

Torbisco también recuerda que las resoluciones de la ONU son de obligado cumplimiento, aunque no haya mecanismos para hacer que sean efectivas, y apuesta por llevar a ella "múltiples demandas", ya que considera que sólo así se acabará haciendo "mover" Europa y se impactará en la opinión pública internacional.

¿Qué denuncias se han llevado a la ONU?

Hasta ahora el independentismo ha llevado varios casos a la ONU, algunos de los cuales ya han obtenido respuesta (y positiva). La victoria más importante hasta el momento ha sido la relativa a la liberación de los presos políticos. El grupo de detenciones arbitrarias ha pedido, en dos resoluciones, la liberación "inmediata" de los presos político. El primer informe hacía referencia a los casos de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y el segundo a Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, ya que entraron las demandas por separado. En el caso de Carme Forcadell y de Jordi Turull no ha habido resolución porque no se ha denunciado su caso, ya que están siguiendo otros procedimientos judicial.

La demanda de liberación inmediata de los presos es, hasta el momento, el caso de que ha tenido mayor trascendencia y ha supuesto una de las gran victoria para los presos, aunque España no ha cumplido la petición y se ha dedicado a desprestigiar a los expertos que forman el grupo. Hay que recordar, sin embargo, que las Naciones Unidas han emitido en los últimos años centenares de resoluciones de este tipo, dos de ellas referentes a casos que han tenido lugar dentro de Unión Europea. Concretamente se puso en duda la prisión de de activistas políticos en Francia y en Polonia y, a diferencia de España, en los dos casos los acusados fueron liberados.

Por otra parte, hay dos casos más trabajándose dentro de la sede de las Naciones Unidas y que podrían obtener una respuesta pronto. En marzo de 2018 la defensa de Jordi Sànchez recurrió a la ONU el hecho de que se le impidiera ser investido presidente de la Generalitat. En aquél momento el Comité de Derechos Humanos pidió al Estado que aplicara medidas cautelares para garantizarle su derecho político. Las medidas, sin embargo, no se llegaron a conceder nunca por parte de la justicia española. Próximamente está previsto que este mismo comité acabe dictaminando si hubo o no vulneración de derechos.

Foto: Sergi Alcàzar

Finalmente, está el caso del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que recurrió también la imposibilidad de presentarse a la investidura. Según Torbisco, que forma parte de la defensa de Puigdemont junto con el abogado Ben Emmerson, la resolución podría estar al caer, ya que normalmente este tipo de demandas tardan dos años y esta se entró hace un año y medio. La defensa considera que en este caso hubo una vulneración de derechos políticos y humanos, ya que se exigía al candidato como condición para que su investidura fuera efectiva que estuviera presente físicamente en el Parlament –bajo la amenaza de ser detenido.

Torbisco recuerda que la ONU ha considerado que los presos han sufrido una detención arbitraria, como cree que hubiera pasado en caso de que Puigdemont hubiera vuelto a Catalunya, por lo que se muestra optimista con que las Naciones Unidas les acabe dando la razón.

El obstruccionisime de España contra Puigdemont

La defensa de Puigdemont denuncia, sin embargo, las trabas que está poniendo España para que la resolución sobre Puigdemont se retrase. En este sentido, Torbisco explica que los abogados del Estado están apurando todos los plazos para presentar alegaciones "hasta el último minuto", piden "todas las ampliaciones de plazo que pueden" y presentan respuestas "muy largas". "Saben que lo tienen perdido", añade, apuntando a una estrategia de chutar la pelota adelante.

Hay que recordar que la ONU hace periódicamente un examen a todos los Estados que son miembros donde se analizan los expedientes sobre derechos humanos que tienen abiertos. Un examen que España tiene que pasar en enero y donde, es seguro, habrá estos casos sobre la mesa.