Dos votantes del referéndum de octubre de 2017 han denunciado las cargas policiales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los dos denunciantes son ciudadanos del Bages que fueron resultar heridos por la actuación policial de la Guardia Civil en la escuela de Sant Miquel de Castellgalí, Manresa. Según publica El Punt Avui, los dos votantes anónimos han denunciado en nombre de todos los afectados que sufrieron múltiples vulneraciones de derechos fundamentales.

Una intervención innecesaria

El abogado de uno de los dos afectados, Jaume Pich, argumenta que su cliente fue apartado de la puerta del centro de votación "a golpes" y "patadas", mientras tanto la Guardia Civil entraba por otro sitio, abriendo una valla. Asegura que "la intervención no era necesaria porque no había bastante gente y por lo tanto fue una actuación desproporcionada, fueron a hacer daño".

Dieciséis heridos

Un total de dieciséis votantes resultaron heridos por las cargas policiales, y estos presentaron una denuncia a los juzgados de Manresa. Este juzgado desestimó el caso alegando que "no había indicios de exceso policial" por parte de la Guardia Civil. El otro abogado de la denunciante, David Casellas, se lamenta: "A mi cliente ni siquiera le tomaron declaración. Tanto la Fiscalía como la defensa pedimos alargar las diligencias, pero la jueza se negó".

Jaume Pich destaca "una diferencia de trato poco habitual" de la magistrada.

Un juicio justo

Los denunciantes recurrieron  y lo llevaron a la Audiencia de Barcelona, que tampoco apreció ningún delito. También llevaron el caso al Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso de amparo. Una vez finalizado el recorrido judicial en España, los abogados de los votantes han presentado una demanda contra el estado español en Estrasburgo. Alegan una vulneración del derecho a un juicio justo ante una investigación "muy escasa".

Casellas asegura que la justicia española "se guio mucho por la escasa gravedad de las lesiones" cuando el abogado cree que la importancia reside en "la acción denigrante" e "innecesaria" de la Guardia Civil para "reprimir una protesta pacífica". El abogado sostiene que se han vulnerado varios derechos fundamentales como el derecho a reunión, a la libre expresión y a no ser sometido a un tratamiento degradante.

Imagen principal: Intervención policial en la escuela Ramon Llull de Barcelona. - ACN

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