Un joven que fue mutilado en el ojo izquierdo por un proyectil de foam disparado por los Mossos d'Esquadra, en una de las protestas contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas en 2019, continúa sin tener una respuesta de la Generalitat a su reclamación de responsabilidad patrimonial. Lo ha denunciado este jueves el centro Irídia, que llevó el caso del chico, que acababa de cumplir 18 años, por la vía penal, y cuando el juez concluyó que no se podía identificar al autor, inició la reclamación patrimonial por la vía administrativa. La reclamación, de unos 277.000 euros, se presentó hace casi cuatro años, el 15 de noviembre de 2022, después de agotar la vía penal. Después de insistir, Irídia sostiene que el Departament de Interior ha admitido ahora que todavía no ha enviado el expediente a la Comisión Jurídica Asesora, órgano que recomienda si es pertinente o no la indemnización y su cantidad, paso previo para cerrar el caso. La entidad acusa de "negligencia jurídica" e "impunidad" la actuación del departamento, que encabeza la socialista Núria Parlon, y reclama soluciones.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, en la calle Trafalgar, durante las protestas posteriores a la sentencia del 1-O en la plaza Urquinaona, cuando el chico recibió el fuerte impacto de un proyectil de espuma viscoelástica de 40 milímetros de diámetro, más conocido como foam disparado por un escopetero de la policía catalana. En aquellas protestas, la policía española disparaba pelotas de goma (prohibidas a los Mossos desde 2015), y se descartó su autoría.
Reclamación a la Generalitat
Sònia Olivella, responsable de litigios de Irídia, ha declarado que "es inaceptable que la Generalitat continúe sin hacerse responsable de reparar de manera efectiva al chico, que solo tenía 18 años". La abogada también afirma que en el juzgado de instrucción quedó claro que fue herido por un proyectil de foam de los Mossos, pero que no se pudo identificar al autor por "carencias internas de los Mossos". "La Generalitat es la única responsable de esta lesión. Debe reconocer los hechos, pedirle disculpas y reparar", manifiesta.
Irídia explica que, una vez finalizada la instrucción del expediente administrativo —que duró dos años y medio—, el 12 de junio de 2025 el Departament de Interior comunicó a Irídia que el expediente se encontraba ya pendiente de la resolución pertinente, previo informe de la Comisión Jurídica Asesora. El pasado 16 de octubre, sin embargo, Interior les admitió que todavía no lo había derivado.
La entidad recuerda que la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo fija en seis meses el plazo máximo para resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial. "La Generalitat lo ha superado de largo y ni siquiera ha dado el paso que ella misma había anunciado. Además, estos retrasos vulneran la Resolución de 2014, por la cual se aprueba el Protocolo de reparación del daño a las víctimas de actuaciones de los Mossos d'Esquadra", denuncia Irídia en un comunicado.
"Desde el punto de vista psicosocial, a la experiencia traumática y al impacto físico y estético de la mutilación ocular se suma, en este caso, el impacto específico de una espera judicial y administrativa de siete años. La recuperación implica integrar lo que ha pasado, adaptarse a las secuelas y recuperar la sensación de seguridad y de confianza. Pero la incertidumbre, la falta de reconocimiento y la ausencia de reparación dificultan enormemente este proceso y alargan el sufrimiento. Esta espera se traduce en impunidad y hace sentir a la víctima que la vulneración continúa", concluye Irídia.
El caso de este chico y de otros heridos gravemente con balas de foam en la parte alta del cuerpo (se indica que se deben usar de cintura a abajo, para detener a la persona) provocó que Irídia y otras entidades reclamaran un debate en el Parlament para saber el protocolo y tipo de estos proyectiles, una fiscalización que hizo retirar los más lesivos y que se usen en situaciones de violencia real.