El Gobierno trata de poner coto a los deepfakes, los montajes con imágenes y voces manipuladas habitualmente con inteligencia artificial que proliferan en las redes sociales y que en los últimos días han estado en el centro de la polémica por la aparición de contenido sexualizado de mujeres que no han dado el consentimiento para usar su imagen. El Consejo de Ministros aprobará este martes un anteproyecto de ley para incluir este tipo de montajes entre los delitos contra el honor, según avanzan eldiario.es y Televisión Española.

El anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad tratará de poner en el centro el consentimiento para el uso de la imagen, que podrá darse a partir de los 16 años. Desde la aprobación de la nueva normativa, que requerirá de una mayoría absoluta en el Congreso, no será legal que las plataformas digitales se apropien de imágenes que circulan en redes sociales y que sus inteligencias artificiales las usen. Todo este tipo de montajes falsos basados en imágenes reales podrán ser considerados una intromisión en el derecho al honor si no hay consentimiento. Si bien habrá excepciones: las creaciones que tengan finalidades satíricas, artísticas o de ficción, amparadas por la libertad de expresión y creación reconocidas por la ley. Aunque sus creadores deberán señalar explícitamente que se trata de contenido manipulado.

Desde el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños señalan a los medios que las nuevas formas de comunicación, si bien ofrece ventajas y beneficios, también han creado nuevas formas de intromisión ilegítima en el derecho al honor de las personas, en su intimidad y en su propia imagen, lo que puede ocasionar importantes daños reputacionales. Así, la nueva normativa que trata de impulsar el Gobierno se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia que prometió Pedro Sánchez en 2024 y, de facto, supone una ampliación generalizada de la protección de la que ya gozan los menores ante estos montajes. 

Legislar la jurisprudencia ya existente

La intención, según explican fuentes del Gobierno a eldiario.es, es que la cesión de contenidos, como puede ser subir imágenes a las redes sociales, no suponga libertad absoluta de los propietarios de las plataformas digitales para usarlas, sino que estén sujetas al consentimiento de quien aparece, y fija el límite especialmente en contenidos abusivos o inapropiados. De esta manera se legisla siguiendo la jurisprudencia existente, puesto que hasta ahora los tribunales han venido fallando en este sentido: se puede dar el consentimiento para que se use una imagen para una finalidad determinada, pero no más allá. Por ejemplo, si se sube una imagen a Instagram, una IA no la debe poder usar para hacer un montaje u otro usuario no puede tomarla y darle un uso indebido.

Indemnizaciones en función de la gravedad del caso

Así, si se incurre en un delito contra el derecho al honor o la intimidad a través de deepfake, tras la aprobación de la ley habrá indemnizaciones de acuerdo con el daño patrimonial y moral que se haya producido. Un criterio en función de la gravedad del caso, de si se vulneran derechos fundamentales o del alcance y repercusión que haya tenido el montaje. “En todo caso, las indemnizaciones no podrán tener un carácter simbólico”, establece el texto del anteproyecto de ley.