La declaración de independencia del pasado 27 de octubre no tenía efectos jurídicos. Este no sólo ha sido el principal argumento de la defensa de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament acusados de rebelión y sedición, sino que también constaba así en el acta de la Mesa de aquella sesión. El documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, señala que "la secretaria primera (Anna Simó) pide que conste en acta que las propuestas de resolución no tienen efectos jurídicos".

Además, Simó también confirmó que sólo era objeto de votación y aprobación la parte dispositiva de las propuestas de resolución. La declaración de independencia firmada el 10 de octubre -después de ser suspendida por el mismo president Carles Puigdemont- no estaba en la parte dispositiva, sino en en el preámbulo, y por lo tanto no fue votada como tal.

Según recoge el acta de aquella reunión de la Mesa, que consta en la causa por rebelión del Tribunal Supremo, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, hizo constar que la praxis parlamentaria habitual en el caso de propuestas de resolución es que "los preámbulos no sean objeto de votación ni se incorporen en el texto de las resoluciones que son aprobadas".

acta rebrota parlamento declaracio independencia - la vanguardia

Las fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia señalan que la tesis de Anna Simó fue compartida por los seis miembros de la Mesa que declararon la semana pasada ante el Tribunal Supremo. Aseguraron que la Mesa sólo aceptó que se votara la parte declarativa, y que por lo tanto no tenía ningún efecto jurídico.

El vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), el secretario segundo, David Pérez (PSC), y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (CSQP), votaron contra la admisión a trámite de las propuestas de resolución de Junts pel Sí y la CUP.