El Ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, comparecerá este martes a las 17h en comisión para informar del déficit y los presupuestos del Estado del 2016. Así se ha decidido durante la reunión que han mantenido los portavoces de este órgano, que se ha constituido este martes en el Congreso. El objetivo del gobierno en funciones es aprovechar que De Guindos explique entonces la propuesta y posterior renuncia del exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para director ejecutivo del Banco Mundial, en la parte final del encuentro.
De Guindos comparecerá, pero no en el formato que pedía la oposición, gracias a los votos de PP y Ciudadanos. Los grupos parlamentarios exigen un pleno, como aprobó la Junta de Portavoces la semana anterior. "No se puede ir de rositas" decían algunos diputados de C's, que, sin embargo, han dado argumentos para que De Guindos eluda el pleno. La presidenta, Ana Pastor, no ha incluido tampoco en el orden del día de la Mesa este lunes la fijación de la fecha de esta sesión. Pero el PSOE y Unidos Podemos amenazan con presentar un escrito de reprobación por la presidenta, si no la convoca.
Sin embargo, la tensión comenzó la semana anterior, cuando la presidenta dejó en el aire la convocatoria, aunque luego rectificó. "Pastor está actuando como la delegada del Gobierno y no como la representante de todos los grupos, y no lo vamos a permitir", dijo el portavoz socialista, Antonio Hernando. Fuentes parlamentarias han explicado a El Nacional que la presidenta esperaría que el gobierno en funciones le remitiera el 'no' a la asistencia de De Guindos para decidir si se convoca la sesión.
Pastor también quiere consultar al resto de grupos si, a pesar de la negativa, quieren seguir pidiéndola. Ahora bien, a pesar de que el pleno se convoque, el Gobierno puede decidir no asistir. En Moncloa se amparan en la doctrina de que el conflicto de atribuciones entre el Legislativo y el Ejecutivo está en curso en el Tribunal Constitucional y que éste dictará sentencia. Este choque se basa en que el gobierno de Rajoy considera que estar en funciones le exime de control parlamentario, porque la cámara de la XII legislatura no le dio la confianza.