La CUP lamenta la colaboración de los Mossos D'Esquadra con la Audiencia Nacional en el caso de los cinco investigados que han sido citados a declarar en la Fiscalía, por la crema de fotografías del rey el pasado 11 de septiembre.

Mediante un comunicado, los cuperos denuncian la actuación del Departamento de Interior "que es quien ordenó el dispositivo de los Mossos D'Esquadra del pasado 11 de septiembre, a raíz del cual se remitió el informe sobre el cual la fiscalía de la Audiencia Nacional basa el procedimiento penal contra las cinco independentistas investigadas".

La CUP afirma que "no se puede entender, justificar ni aceptar la actitud proactiva del Departamento de Interior en la persecución del independentismo y de criminalización de la protesta, que una vez más actúa como instrumento represivo del estado español".

La izquierda independentista enmarca la persecución por la quema de fotos del rey en una estrategia represiva del Estado contra la libertad de expresión y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite la demanda contra el Estado, por una posible vulneración de los artículos 9 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en un caso igual.

Además, entienden esta actuación como un paso más en "la estrategia de represión y persecución política del independentismo, en un contexto político de confrontación democrática hacia el estado que se vive en los Países Catalanes y, en particular, a la celebración de un referéndum de autodeterminación del principado anunciada para otoño de 2017".

Precedentes

La fiscalía ha solicitado en la Audiencia Nacional que cite a declarar a cinco miembros de la Izquierda Independentista por un presunto delito de injurias a la corona.

Los cuperos recuerdan que la quema de fotografías de miembros de la corona española ya ha sido enjuiciada en ocasiones anteriores. Especial mención requiere el caso de los dos jóvenes de Girona que fueron juzgados y condenados por la Audiencia Nacional española a raíz de la quema de una fotografía del rey el año 2007, que tuvo como respuesta popular una oleada de quema en todos los Países Catalanes. Hay que recordar que el marzo pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite la demanda contra el estado por una posible vulneración de los artículos 9 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.