El diputado de Junts y jurista Jaume Alonso Cuevillas ha escrito un largo hilo de Twitter sobre la defenestración de Laura Borràs como presidenta del Parlament, con el voto del PSC, ERC y la CUP, y ha insistido en que se tomó esta medida "sin ningún apoyo jurídico" y sin ningún informe de los letrados. A su entender, todo estuvo motivado por razones políticas de ERC y en este sentido ha advertido que "nos acercamos a un final de ciclo" antes de finales de año.

"En el caso de Esquerra, podría también jugar el intento de tapar la rendición de la mesa de diálogo del día anterior a Madrid. Con unos acuerdos que suponen el abandono de la vía unilateral y el acatamiento explícito del marco legal y constitucional español. Un ataque a la línea de flotación del acuerdo de Govern. Dudo que el agosto haga olvidar nada. Empezaremos el curso con un 11 de Setembre reivindicativo. Después, vendrá el debate de política general (sin la presidenta escogida, sustituida por una presidenta en funciones) y el 5.º aniversario del 1-O, que ya está calentando el Consell per la República. La estrategia de ERC pasa –así lo han explicitado los principales dirigentes de la formación– por obtener la derogación de la sedición antes de final de año, hecho que, como todo el mundo sabe –y ojalá me equivoque–, no se producirá. Nos acercamos a un final de ciclo", ha asegurado.

Según Cuevillas, el artículo 25.4 del reglamento que el PSC, ERC y la CUP aplicaron a Borràs de forma "incorrecta" no sólo es contrario a la Constitución Española, sino también a todos los tratados y convenios internacionales y europeos en materia de derechos fundamentales, "que consagran la presunción de inocencia y el derecho de participación política". Cita en este sentido un informe del entonces letrado mayor Joan Ridao, exsecretario general de ERC, criticando el artículo 25.4 en el 2018. "Pensemos que incluso en caso de condena por sentencia sujeta a una "pena de privación de libertad que imposibilite la asistencia a las sesiones plenarias", hace falta un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto del Diputado y un acuerdo del pleno, adoptado por mayoría absoluta", recuerda, y apunta que así lo prevé el artículo 25.1. En el caso de Borràs sólo lo trató la mesa. "Digámoslo claro: la aplicación del artículo 25.4 a la diputada Laura Borràs no tiene ningún apoyo jurídico; es una decisión política, injusta y partidista. Decisión política perpetrada en las vísperas del periodo estival con el intento de conseguir que agosto haga olvidar la gravedad del tema", añade.