El portavoz de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha reclamado al Govern que adopte las "medidas necesarias" para respetar la obligatoriedad del 25% de educación en castellano como establece el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Recientemente, el alto tribunal ha obligado a modificar los proyectos lingüísticos de dos escuelas públicas, una de Barcelona y una de Abrera, para incorporar un 25% de castellano.
"No hay nada más político, ideológico e identitario que exigir a una sociedad bilingüe que tenga un sistema educativo monolingüe", ha afirmado Martín Blanco a través de un comunicado. Además, ha calificado escandaloso que desde el Departamento de Enseñanza se "cuestionen" resoluciones judiciales.
Ciutadans ha asegurado que solicitará información y documentación de los actos y las resoluciones administrativas adoptadas por la Generalitat "para dar cumplimiento a su deber de impartir la enseñanza en las dos lenguas vehiculares".
El castellano, "fuera del sistema"
Martín Blanco considera "innegociable" el derecho de todos los padres catalanes al hecho de que sus hijos reciban clases en las dos lenguas vehiculares de Catalunya. "En contra de lo que algunos sostienen, lengua vehicular quiere decir lengua de enseñanza y eso supone impartir no sólo las asignaturas de lengua y literatura española sino también otras asignaturas no lingüísticas", ha argumentado.
Además, el diputado liberal ha remarcado que en Catalunya hace muchos años que no se respeta este derecho de los padres y ha criticado que tanto los sucesivos gobiernos nacionalistas como el PSC "hayan dejado la docencia en castellano fuera del sistema educativo".
Por otra parte, el portavoz liberal ha calificado "de escandaloso" el comunicado emitido por el departamento de Educación "cuestionando las resoluciones judiciales, despreciando la separación de poderes y el principio de legalidad" y animando la desobediencia de estas sentencias. "Es una vergüenza que desde el Govern de la Generalitat se intente desautorizar a los jueces y se decida no atender lo que dictan los jueces porque es un precedente absolutamente perjudicial a un estado democrático. Si todo el mundo hiciera lo mismo eso sería la jungla", ha lamentado.
Educación defiende las competencias educativas de la Generalitat
Desde el departamento recuerdan que "corresponde a la Generalitat la competencia sobre el tratamiento de las lenguas y la inmersión lingüística en la escuela". "Así lo establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC) en el Título II, que estuvo validado constitucionalmente", aseguran.
Añaden que la nueva ley de educación estatal, la LOMLOE, popularmente conocida como ley Celaá "lo ratifica y, por lo tanto, establece que corresponde a la Generalitat las decisiones en materia lingüística". En este sentido, dudan de que los jueces del TSJC "vayan mucho más allá de las funciones legislativas que les son atribuidas y que entren en un debate que es 100% pedagógico y educativo".
Imagen principal: Nacho Martin Blanco / ACN