El Reino de España y la República Francesa firmaron un convenio de cooperación en Málaga el año 2002, que entró en vigor en diciembre de 2003, que podría facilitar la detención del president Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comin si, finalmente, el juez Pablo Llarena emite la cuarta euroorden para su detención. El president Puigdemont ha informado este lunes, que, finalmente, no viajarán a la ciudad francesa de Estrasburgo para asistir al último plenario del Parlamento Europeo porque el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en la sentencia del miércoles pasado, les retira la inmunidad, y también pone en cuestión que tengan protección de desplazamiento a la cámara como hasta ahora. Además, la presidencia del Parlamento Europeo no les ha aclarado si los protege.
En concreto, el convenio bilateral es el acuerdo entre la República francesa y el Reino de España "sobre la readmisión de personas en situación irregular", con el cual los dos países aseguran que quieren "garantizar una mejor aplicación de las disposiciones relativas a la circulación de personas, dentro del respeto a los derechos y garantías previstos por las leyes y reglamentos vigentes, a los tratados y convenios internacionales, y para combatir la inmigración irregular". Con este acuerdo se sustituye el acuerdo de enero de 1988 relativo a la admisión de lugares fronterizos de personas en situación ilegal. Para entrar en el grupo Schengen, de supresión de fronteras entre países europeos, el Estado español tuvo que admitir en 1991 que la policía española solo podría perseguir personas en caliente dentro del país francés hasta 10 kilómetros superados su frontera, mientras otros países como Alemania no tenían límites, o Portugal hasta 50 kilómetros.
La previsión de la detención
El artículo 17 de este convenio franco-español, se precisa que "en caso de que un extranjero en tráfico cometa una infracción, el Estado requerido tendrá la competencia prioritaria al respecto; si decide no ejercerla, informará sin demora al Estado requirente", y añade que "los agentes de escolta del Estado requirente podrán preceder a inmovilizar al extranjero en tránsito que haya cometido o pretenda cometer una infracción penal, adoptando las medidas de seguridad adecuadas, hasta que se haga cargo del mismo la autoridad competente del Estado requerido".
El juez Llarena espera a la Fiscalía
El juez instructor del Tribunal Supremo de la causa del procés de independencia todavía no ha reactivado las euroórdenes contra los dos europarlamentarios de Junts porque espera la opinión de los fiscales del Supremo. Es decir, la Fiscalía se tiene que pronunciar si aprueba que el juez Pablo Llarena reactive de forma inmediata las órdenes de detención internacional de Puigdemont y Comín, aunque la sentencia del TGUE no es firme y los catalanes ya han anunciado que presentarán recurso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En esta nueva euroorden, el magistrado Llarena también podría reclamar a las autoridades belgas la entrega del exconseller Lluís Puig, procesado por malversación de fondos por la organización del 1-O. Con respecto a la exconsellera Clara Ponsatí, que sí ha viajado a Estrasburgo, no tiene peligro que se le reactive una euroorden porque ha estado procesada por un delito, el de desobediencia, que no implica prisión y no se puede reactivar esta medida. Si pisa el Estado español, sí que será detenida.
Con respecto a Puigdemont y Comín habrá que ver si el juez Llarena tiene que pedir un nuevo suplicatorio al Parlamento, como insiste su defensa, ejercida por Gonzalo Boye.
Mejora de las euroórdenes
Pase lo que pase, las relaciones entre los gobiernos de Francia y España se mejoraron el enero pasado, cuando firmaron en Barcelona un Tratado de Amistad y Cooperación encaminado a establecer un marco de relaciones entre los dos países en múltiples ámbitos, entre los cuales la justicia. En este punto, los dos países se comprometían a promover y mejorar la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, y en particular se cita, entre otros mecanismos, las euroórdenes. Asimismo, en el capítulo de relaciones de amistad y cooperación, el Tratado contempla la posibilidad de que un representante de cada país pueda participar trimestralmente en consejos de ministros del otro.
Con todo, no pudieron acordar una apertura de todos los pasos fronterizos que Emmanuel Macron mantiene cerrados desde el 2019, aduciendo motivos de seguridad.