Una convocatoria de la Junta de Castilla-León para camareros y operarios de la limpieza ha dejado agobiados a los que participaban porque los han sometido a unas preguntas para expertos en la Constitución española, según informa El norte de Castilla. No se sabe si es por el constitucionalismo que en España algunos confunden con el españolismo, que los 18.000 aspirantes tuvieron que afrontar lo que parecía un examen para abogado del Estado.
"Las preguntas eran del estilo de si los miembros de las Cortes generales están ligados por mandato imperativo, si es atribución de la Junta personarse ante el Tribunal Constitucional por iniciativa propia, si son retribuciones diferidas las gratificaciones por prolongación de jornada laboral, si los entes públicos de derecho privado tienen que sujetar su actuación al derecho privado cuando ejerzan potestades públicas, o si el Estatuto de autonomía de Castilla-León cede a la comunidad el rendimiento del Impuesto Especial sobre productos intermedios", señala.
En total eran 384 plazas para trabajar en la limpieza, cocinas y porterías en residencias de abuelos, centros juveniles y educativos de la Junta. A los aspirantes sólo se les exigía la acreditación del certificado de estudios, de acuerdo con el escalafón más bajo de la Administración.
