El presidente Pedro Sánchez no hizo caso del informe desfavorable del Consejo de Estado y recurrió la reprobación del rey Felipe VI por parte del Parlament de Catalunya. Ahora el Tribunal Constitucional le ha acabado dando la razón. Por unanimidad, el alto tribunal ha estimado la impugnación del Gobierno y ha declarado inconstitucional la propuesta de resolución de la cámara catalana, que contó con los votos de JxCat, ERC y los comunes. Considera que pretenia tenir efectes jurídics.

El texto, que fue aprobado el pasado octubre y que ahora ha sido tumbado, "rechazaba y condenaba el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán" y "apostaba por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". El Gobierno pidió el preceptivo informe al Consejo de Estado, que desaconsejó presentar el recurso. Pero el ejecutivo de Sánchez lo hizo de todas formas.

 

Concretamente, el alto tribunal ha declarado inconstitucionales dos apartados de la propuesta de resolución. Se trata del C, que rechazaba y condenaba "su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre del 2017", y el D, que "afianzaba el compromiso con los valores republicanos y apostaba por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". El Parlament, que pidió su inadmisión, argumentó que eran declaraciones políticas amparadas por la libertad de expresión, una mayor que niega el TC.

En su sentencia, el tribunal recuerda que "la persona del rey es inviolable" y que, por lo tanto, "cualquier decisión institucional de un órgano del Estado, en este caso el Parlament de Catalunya, que pretenda emitir ese doble juego de contradicción u oposición, así como de reprobación hacia la persona del rey, resultará contrario al estatus constitución del monarca". En síntesis, no se le puede imputar ninguna "responsabilidad política" ni tampoco ninguna "sanción política". También recuerda que la Constitución le sitúa "ajeno a toda controversia política".

Además, el alto tribunal subraya que el Parlament ha aprobado esta resolución "fuera del ámbito de sus propias atribuciones", recogidas por la Constitución, el Estatut y el reglamento de la cámara.

Del mismo modo, el Constitucional también declara constitucional y anula el apartado D "porque expresa una relación directa con la letra C". En este sentido, los magistrados sostienen que "la apuesta por la abolición de la monarquía debe interpretarse también en este contexto de rechazo y condena porque se hace un juicio de reprobación dirigido contra el rey, la Corona y el sistema constitucional de monarquía parlamentaria".

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