El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto a los pisos vacíos del Govern, ley impulsada por el gobierno de Artur Mas. El ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió la ley al Constitucional, ya que consideraba que el impuesto se solapaba con el impuesto del IBI, que prevé un recargo de hasta el 50% de las viviendas desocupadas. Finalmente el TC ha sentenciado que el impuesto catalán no se solapa con el IBI.
La ley exponía el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas que estaban desocupadas de forma permanente durante más de dos años y sin causa justificada, ante la elevada demanda social. El impuesto tenía el objetivo de reducir el stock de pisos vacíos y aumentar la disponibilidad del inmueble para el alquiler social.
La impugnación del Gobierno tuvo como consecuencia la inmediata suspensión cautelar del impuesto ahora avalado. En marzo de 2017 el ejecutivo de Puigdemont aprobó una modificación del impuesto para reemplazar las medidas suspendidas por el TC. La reforma se incluyó a la ley catalana, que también fue recurrida por el Gobierno.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha explicado que el impuesto fue impugnado por el gobierno de Rajoy porque "lo cuestionaban todo y no entendieron lo avanzada que estaba la medida". El conseller ha recordado que en 2016 el impuesto permitió recaudar 18 millones de euros. "Es una medida positiva por movilizar lo más rápido posible las viviendas vacías y, al mismo tiempo, gravar los que no se movilizan para poder hacer políticas activas de viviendas", ha concluido.