El Consejo Constitucional francés ha cuestionado la cuarentena de enfermos de coronavirus, o de posibles positivos, ordenada por el presidente Emmanuel Macron, y ha indicado que no se puede obligar a una persona quedar más de 12 horas encerrada sin una orden judicial que lo supervise.

La decisión ha cuestionado la política de cuarentenas estricta que se seguía hasta ahora para los que entraban en Francia, o viajaban a Córcega o a los territorios de ultramar, y que quería aplicar el gobierno francés. A partir de ahora serán necesarias más garantías.

"No se puede exigir a estas personas que se queden en su casa o en un alojamiento durante un periodo superior a doce horas al día sin autorización del juez", insiste el Constitucional. "La libertad individual sólo se puede preservar si un juez interviene en el plazo más rápido posible", añade. Y también reclama que antes de decretar un aislamiento sea necesario un certificado médico. En todos los casos existirá además posibilidad de presentar recurso.

En los últimos días se habían presentado muchas protestas en la Martinica y la isla de Reunión porque obligaban a confinar durante 14 días a todos los que viajaban allí, también a los franceses.

 

El Consejo Constitucional ha analizado la última ampliación del confinamiento decidida por Macron, y ha limitado también el acceso a los datos médicos personales, que considera demasiado laxo.

El artículo 11 de la ley permitía que también tuvieran a disposición los datos las organizaciones sociales. El Consejo lo ha negado porque considera que eso "no está relacionado directamente con la epidemia", y no queda justificada la ausencia de consentimiento de los afectados.

Por lo tanto, la disposición ha sido censurada "por vulnerar el derecho al respecto de la vida privada".

El resto de la norma de estado de alarma aprobada por el gobierno Macron, que durará hasta el mes de junio, ha sido aprobado.