El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado (por 7 votos a 5) este martes avalar la amnistía del delito de malversación por la organización del Referèndum de Autodeterminació de Catalunya, imputado a siete líderes independentistas, según han comunicado fuentes del órgano de garantías. En concreto, el tribunal ha votado a favor de admitir el recurso de amparo de la exconsellera republicana Dolors Bassa, elaborado por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que sostiene que el Tribunal Supremo hizo "una interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma" del olvido penal del procés. Esta sentencia implica ahora que el alto tribunal español debe volver a dictar una resolución ajustada a derecho y aplicar la amnistía a Bassa, lo que supondrá archivarle la inhabilitación a cargo público que tenía hasta 2030.
La sentencia también se podrá aplicar a los casos de los condenados por el mismo delito imputado por la organización del 1-O: el secretario general de Junts, Jordi Turull; el exlíder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva. También abrirá la puerta al regreso del president en el exilio y actual diputado de Junts en el Parlament, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Cuando la sentencia, con cinco votos particulares en contra, sea comunicada y publicada en el BOE, se espera que la respuesta del Supremo a los políticos condenados no se haga esperar. Precisamente, el juez instructor Pablo Llarena ha reaccionado de forma inmediata al anuncio del TC y ha dictado la retirada de las órdenes de detención en el Estado español de Puigdemont, Comín y Puig. Con todo, ha avisado que "no les aplica la amnistía" hasta conocer la sentencia del Constitucional y que su decisión es "transitoria".
El recurso de Turull
La sentencia a favor de la amnistía de la malversación del 1-O cuenta con cinco votos particulares en contra de los magistrados conservadores: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías. Además, se informa de que la primera ponencia que se ha deliberado en el pleno ha sido la correspondiente al recurso de amparo de Jordi Turull. El magistrado ponente José María Macías ha renunciado a su ponencia y la ha asumido el presidente Cándido Conde-Pumpido.
La validación definitiva del TC a la ley de amnistía del proceso —aprobada en 2024 por el Gobierno del PSOE, con el impulso de Junts y ERC— ha provocado las primeras reacciones políticas. El tribunal ya declaró que la ley de amnistía estaba ajustada a la Constitución el verano de 2025. El Supremo, pero mantuvo su posicionamiento en contra y aseguró que no podía archivar las condenas y procedimientos por el delito de malversación porque, a parecer suyo, los líderes de Junts y de ERC obtuvieron un beneficio económico patrimonial —excepción marcada a la norma para no aplicar la amnistía— en no haber gastado dinero de su bolsillo para organizar el 1-O. Ahora, el Constitucional replica al Supremo que se ha apartado del espíritu de la ley, que ordenaba no amnistiar en casos de corrupción, pero sí todo lo relacionado con el procés.