Con el pistoletazo de salida a la campaña electoral, el Gobierno en funciones extrema la cautela a la hora de emitir valoraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, sigue estando en uso del poder ejecutivo, que ha extremado ahora que los comicios del 26-J están en la puerta de la esquina. Este viernes la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado un conjunto de medidas, en un momento en que el CIS da a Partido Popular (PP) una tendencia de mantenimiento, pero a la baja.

"Ni puedo valorar encuestas, ni resultados que no sabremos hasta el día que se produzcan. Lo único que puedo decir es que yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de cara al 27 de junio que necesitamos cuanto antes que las instituciones recuperen un normal funcionamiento", ha sentenciado la vicepresidenta, quien ha eludido todo tipo de preguntas relacionadas con el tema.

Sin embargo, como explicaba El Nacional, el desbloqueo del acceso ferroviario en el Port de Barcelona es la primera de las medidas que ha aprobado el Consejo. "Es una clara apuesta por las infraestructuras del Corredor Mediterráneo", ha dicho Santamaría, conocedora de que desde las filas socialistas, las de Podemos y Ciudadanos reivindican este acceso para conectar el sur y sureste de la península con el resto de Europa. La vicepresidenta interina ha subrayado la importancia de este puerto catalán y la voluntad del Gobierno de potenciarlo.

La otra medida adoptada por el ejecutivo español es la concesión de lo que llaman "extra- FLA", término que hasta ahora no existía en el vocabulario gubernamental, pero el Ministro de Economía y Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, lo comenzó a utilizar hace unos días. Santamaría ha anunciado el reparto de una serie de partidas presupuestarias, derivadas del FLA que no fue utilizado en 2015 y sirve para financiar el déficit comercial de este ejercicio.

A Catalunya le corresponderían 1366,2 millones de euros, siendo una de las comunidades más beneficiadas del total y que más se ha quejado en los últimos tiempos sobre el dinero que debe el Estado. Precisamente, el sistema de financiación autonómica es uno de los puntos débiles que más le reprochan todos los partidos al PP, y por el que deberán responder en los debates.

Más allá de las partidas económicas, la vicepresidenta en funciones ha anunciado el balance de situación en materia de acogida de refugiados. Este fue un ámbito muy criticado por todos los partidos de la oposición, aunque su gestión proviene de una política aprobada conjuntamente con otros Estados miembros de la Unión Europea. Aunque a España le corresponde una cuota de 16.000 ciudadanos que huyen de la guerra, Santamaría ha explicado que en el siguiente trimestre del año, 200 refugiados serán reubicados desde Grecia, y unos 200 más reubicados desde Turquía. Hasta el momento, han llegado desde Italia y Grecia 124 personas, y estima que la cifra llegue a los 144 a finales de junio, más 285 personas del Líbano.

Finalmente, el Gobierno en funciones ha anunciado la convocatoria de ayudas por 40 millones de euros para proyectos en comarcas mineras. Las infraestructuras del Estado siempre son muy bien recibidas en cualquier lugar. A veces los hechos hablan más que las palabras, también en la Moncloa.