El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha pedido este martes a las autoridades autonómicas catalanas que "tomen medidas activas para desarrollar un enfoque de género" que tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres presas.

En un informe sobre la situación en las prisiones catalanas, basado en una visita realizada a septiembre de 2018, que examina los avances desde la que había hecho el 2011 y 2012, el Comité pone el acento en el hecho de que las mujeres "presentan generalmente un riesgo de seguridad menor que los hombres". También que "tienen necesidades y vulnerabilidades biológicas y específicas de género" que requieren una política penitenciaria alternativa.

El Gobierno asegura en su respuesta a este organismo del Consejo de Europa que la herramienta de evaluación de riesgo utilizada en Catalunya "contiene en sus algoritmos elementos que diferencian el riesgo en función del género de la persona".

Trato correcto

Los autores del informe explican que la mayoría de las presas consultadas durante la visita dijeron haber sido tratadas "correctamente", pero hay algunas alegaciones de "maltrato físico y excesivo uso de la fuerza" a las prisiones de Brians 1 (Martorell) y Ponente|Poniente (Lleida).

El Comité recomienda trabajar en "la detección de abusos sexuales y otras formas de violencia de género" sufridas por las internas antes de entrar en la prisión. Propone, además, elaborar un programa de apoyo|soporte psicológico y asesoramiento para mujeres víctimas de violación, abuso sexual y otras violencias de género.

Presos y detenidos

En el caso de los presos y detenidos, el comité del Consejo de Europa constató que la mayoría de los detenidos por los Mossos d'Esquadra también habían sido tratados "correctamente", aunque escuchó "alegaciones de maltratos, sobre todo puntadas, puñetazos en la cabeza y en el cuerpo, y porrazos". El Comité pide tolerancia cero con los abusos verbales de los policías contra los detenidos; que si se recurre a las esposas, "nunca tienen que estar demasiado ajustadas", y que se investigue con efectividad todas las alegaciones de maltratos.

Con respecto a las quejas por el supuesto uso del "bocadillo" (encajonar al preso entre dos colchones de plástico unidos por correas de velcro), el CPT reclama aclaraciones a las autoridades regionales, porque si fuera verdad "sería un motivo de preocupación grave". Igualmente reclama que se acabe con las prácticas de la fijación mecánica de los presos en momentos de actitud violenta, así como con la medicación forzada.

En su informe, observa avances al haberse reducido la masificación que certificó en la anterior visita. Si entonces en Catalunya había 10.500 presos por 9.600 plazas, en 2018 el número de internos había quedado en 8.421 cuando el número de plazas era de 10.445.

Además de Brians 1 y Ponent, la delegación del Consejo de Europa también visitó las prisiones de Mas de Enric (Tarragonès) y la de mujeres de Wad-Ras (Barcelona), y se reunió, entre otros, con los consellers de Interior y Justicia, así como con responsables de los Mossos d'Esquadra y de los servicios penitenciarios.