La Ley Zerolo recibe el último visto bueno del Congreso tras 10 años de espera. El pleno de la Cámara Baja ha aprobado este jueves la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, impulsada por el partido socialista, que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros por delitos de odio, más próximas a las que se imponen en el resto de Europa. Además, la ley castiga por primera vez el antigitanismo, equiparándolo en el Código Penal a la discriminación antisemita, además de la aporofobia (el odio al pobre). La proposición de norma, aprobada después que el Congreso haya dado el visto bueno a todas las enmiendas presentadas en el Senado, queda lista ahora para entrar en vigor. El PSOE asegura que la ley "no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen", de modo que desarrolla el artículo 14 de la Constitución, que trata de la igualdad, e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto. Para todo ello, también se contempla la creación de un órgano específico que protegerá y promoverá lo que la ley abarca.
El Congreso aprueba la Ley Zerolo
Tras diez años trabajando en esta ley, "Discriminar ya no saldrá gratis, gracias, Pedro". Así ha celebrado la diputada socialista Beatriz Carrillo la aprobación final de la ley, quien ha agradecido así el activista LGBT fallecido Pedro Zerolo, impulsor de la ley como militante del PSOE. La norma establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así, aborda todas las formas de discriminación, con especial hincapié al antigitanismo, que lo reconoce como un delito de odio en el Código Penal al igual que la aporofobia, una medida que han celebrado especialmente los diputados gitanos de PSOE, Ciudadanos y de En Comú Podem. La ley recoge medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier tipo de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.
Tras celebrar la aprobación de la ley después de una década de lucha, las catorce organizaciones sociales que forman la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato se quejan de que no se aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación, y de que no haya más concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción. De este modo, las ONG avisan de que no se contemplan mecanismos suficientemente efectivos de protección integral de las víctimas, tales como el acompañamiento y la traducción.
Sanciones por delitos de odio y discriminación
La Ley Zerolo comprende un régimen de infracciones y sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros: leves, entre 300 y 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 40.000 euros, y muy graves, entre 40.001 y 500.000 euros. Además, refuerza la lucha contra segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad y dictamina que las web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores, medidas que incorporó el Senado en sus enmiendas y que hoy ha ratificado el Congreso. La ley también crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se encargará de proteger y promover lo que defiende la ley y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la norma, tanto en el sector público como en el privado.