Los Comuns han cargado duramente contra Junts per Catalunya después de que los juntaires hayan anunciado, junto con el PP, que llevarán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas. "La patronal manda y Junts ejecuta", ha espetado el portavoz de los Comuns, David Cid, que ha calificado a Junts de ser "el partido de la patronal". La iniciativa, que previsiblemente se admitirá a trámite este miércoles por lectura única con el apoyo del Govern, PSC, ERC y la CUP, busca poner límites a la acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión. Sin embargo, la decisión de Junts y los populares de recurrirla al CGE puede retrasar su aprobación definitiva hasta, como mínimo, octubre.
Cid ha acusado a Junts de alinearse con los intereses del sector inmobiliario: "Ya hemos visto que la patronal inmobiliaria quiere seguir acumulando y convertir el país en un tablero de Monopoly". Según el dirigente de los Comuns, la crisis de acceso a la vivienda está vinculada a la concentración de propiedad: "Cada año 28.000 millones de euros pasan de los inquilinos a los propietarios, y la renta media de los inquilinos es como mínimo la mitad". "La gran desigualdad de este país se está construyendo a través de la acumulación de vivienda", ha insistido. La propuesta de los Comuns plantea limitar la compra de viviendas a un máximo de cuatro por persona, además de la residencia habitual y una segunda residencia, con el objetivo de frenar la especulación. "La vivienda debe ser para vivir", ha defendido Cid, que ha negado que la iniciativa vulnere la propiedad privada y ha asegurado que tiene solidez jurídica.
Desde Junts, sin embargo, el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, ha justificado el recurso al CGE argumentando que la norma "afecta el derecho a la propiedad" e invade competencias municipales. También ha criticado la tramitación por lectura única, que, según ha dicho, "impide el debate parlamentario". Los juntaires consideran que el texto puede contravenir normativa europea y alertan de posibles afectaciones a herencias y donaciones.
ERC y la CUP presionan para ir más allá
En paralelo, Esquerra Republicana ha dejado claro que apoyará cualquier iniciativa que refuerce el derecho a la vivienda. Su portavoz, Ester Capella, ha alertado de que el país vive "una emergencia real y evidente" y ha defendido que "la vivienda es la puerta de acceso a todos los demás derechos". En este sentido, ha advertido: "Combatiremos a aquellos que piensan que la vivienda es un activo financiero". También ha remarcado que "el mercado por sí solo no se autorregula".
Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer ha avanzado que presentarán enmiendas para endurecer la propuesta. Entre las medidas, quieren prohibir los llamados flippings inmobiliarios —comprar edificios enteros para revenderlos más caros—, impedir la compra de pisos para destinarlos exclusivamente al alquiler y obligar a rebajar los precios cuando un fondo de inversión adquiera un bloque con inquilinos. También plantean ampliar las zonas tensionadas y reforzar el parque público de vivienda.
Un acuerdo clave para los presupuestos
La proposición de ley forma parte del acuerdo cerrado el 19 de febrero entre el Govern y los Comuns para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2026. La limitación de la compra especulativa era una de las condiciones clave del partido de Jéssica Albiach, aunque las cuentas todavía dependen del apoyo de ERC.
Según este pacto, la normativa debía entrar en vigor este verano y afectar a 271 municipios, donde vive cerca del 90% de la población catalana. La ley permitiría a los ayuntamientos aplicar restricciones a través de planes urbanísticos para garantizar que las viviendas se destinen a residencia habitual o a alquiler asequible.