Todas las comunidades presididas por el PP excepto Ceuta han rechazado participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles en la que se iba a abordar la prórroga de la reubicación de los menores migrantes no acompañados, por lo que la reunión finalmente no se celebrará por falta de cuórum. Así lo han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, de la rama de Sumar del Gobierno. Sí han acudido a la reunión de forma presencial representantes del gobierno autonómico de Canarias y de Castilla-La Mancha, mientras que el representante de la administración ceutí se ha conectado por videoconferencia.
Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han expresado su negativa a participar en la reunión porque consideran que la convocatoria ha sido “ilegal”. La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asegurado que el gobierno madrileño no participará en la política migratoria de Pedro Sánchez, que tilda de “temeraria”. En un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, Dávila ha señalado que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades y ha cargado contra el Gobierno por querer continuar con lo que ha calificado como un “reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”.
La ministra Rego había citado a las comunidades este miércoles en una Conferencia Sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías, un año después de la entrada en vigor del sistema de reparto que sacó adelante el Gobierno tras unas intensas negociaciones con Junts y los socios parlamentarios. La reforma de la ley de extranjería, que obligó a todas las autonomías a responsabilizarse de los jóvenes para que los territorios de llegada como Canarias, Ceuta o Melilla no se vieran saturados, se aprobó el 18 de marzo de 2025. Desde entonces, once comunidades se han opuesto y han recurrido el modelo ante el Tribunal Constitucional.
Durante el periodo en que ha estado vigente la ley para repartir a estos menores, se han derivado más de 1.100 niños y adolescentes, lo que ha permitido a comunidades como Canarias salir de la situación de hacinamiento en la que se encontraban tras las llegadas masivas que se dieron en 2023, 2024 y 2025. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que ha permitido estos traslados, una idea que apoya Canarias, pero no la mayoría de las comunidades presididas por el PP.
El Madrid de Ayuso, a la cabeza de la batalla contra el Gobierno por los menores
Este lunes, la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de "separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades", incluso jóvenes que tenían "trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad". Así se lo expresó a Torres en una carta en la que también expuso el rechazo a los nuevos traslados al considerar que han expirado los plazos previstos. El Gobierno, por su parte, ha respondido este martes que los traslados tienen "absoluta cobertura legal" y están avalados por la Fiscalía Provincial de Madrid.