La Comissió de la Dignitat ha denunciado que el Ministerio de Cultura “mantiene como botín de guerra” archivos que comisó el dictador Franco a la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y otras instituciones del país, a pesar de que ya hace 21 años de la ley de retorno de los documentos de Salamanca y cuatro de la ley de memoria democrática española, que califica de “víctimas” de este “saqueo” a las entidades catalanas. El coordinador de la entidad, Josep Cruanyes, ha explicado este viernes que hacen pública esta denuncia del incumplimiento del ministerio, que dirige Ernest Urtasun, al comprobar que no ha hecho nada, a pesar de que les facilitaron información y documentación para ejecutarlo. A partir de este impulso de la comisión, representantes de la Generalitat y del Ministerio han celebrado reuniones para hacerlo realidad. Sin embargo, desde 2022 no se han devuelto más documentos confiscados, y en aquel caso el Estado español fue instado a hacerlo por una resolución del Tribunal Supremo, recuerda Cruanyes.
Es decir, el Estado español retiene aún en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca más de 30.000 documentos que fueron confiscados durante la ocupación franquista de Catalunya en el año 1939 y que sirvieron para la represión de la dictadura, a pesar de que una ley del año 2005 le obliga a devolverlos. “El gobierno del PSOE mantiene la misma oposición que la del PP”, ha declarado el coordinador de la Comissió de la Dignitat a ElNacional.cat.
“Es propaganda política”
“Después de tanto tiempo, el Ministerio no ha dado ni un paso, aparte de buenas palabras. Lo más grave es que dan argumentos que menosprecian las instituciones catalanas, como el caso del fondo de Orden Público”, manifiesta Cruanyes. El abogado se refiere a que el Estado quería quedarse con toda la documentación de Orden Público, cuando se ha demostrado que entre los años 1936 y 1939 hay un montón de órdenes de pago a los policías, expedientes y regulaciones por parte del gobierno republicano de la Generalitat de Catalunya republicana. Recuerda que la Audiencia Nacional, en el año 2008, ordenó su retorno.
“Señor Urtasun, si no hubiera ganado Franco, todos estos documentos estarían en los archivos catalanes y la competencia de la policía y justicia habría retornado a la Generalitat. Con su actitud está colaborando al resurgimiento del neofranquismo del Estado, que todavía considera entidades vencidas a las instituciones catalanas, porque son tratadas como tales”, manifiesta la comisión dirigiéndose al ministro y portavoz de Sumar en un comunicado.
La Comissió de la Dignitat recuerda que “no hicieron falta leyes para traspasar diversos fondos documentales”. Cita los casos de: la Biblioteca del Comisariado del Deporte, 1983; el Servicio Meteorológico de Catalunya de Fontserè, en 1984; Fotografías del Comisariado de Propaganda, en 1990; Películas de Laia Films en 2001, y el Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico de la Generalitat 1936-39, en el año 2004.
Se insiste en que “esto demuestra que no hay impedimentos legales si no falta voluntad política” y que la celebración de los 50 años de la muerte de Franco y las leyes de la memoria “no pasan de ser simples actos de propaganda política si no se reparan las víctimas que, en este caso, son las instituciones catalanas”.
Reclamo de documentos
La Comissió de la Dignitat también denuncia que para el Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, “no ha sido una prioridad la recuperación de los fondos saqueados por el franquismo”.
Precisa que una muestra de esta realidad es la documentación que se debe devolver desde el Archivo Militar de Ávila. La documentación de la Generalitat que hay estaba clasificada como Archivo de documentación de la guerra de liberación. Zona Roja. Índice de la Generalidad de Cataluña. Y, ahora, añade, “se ha convertido en un eufemismo para tapar su origen como: Archivos Públicos. Instituciones de la administración territorial. Gobierno de Euskadi. Generalidad de Cataluña". Y siguen por el orden de clasificación, Capitanías Generales. Comandancias generales.
“Parece que el Govern de Euskadi y la Generalitat son administraciones del Ministerio de Defensa”, se afirma y se reclama a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “devuelva los documentos del botín de guerra que es ilegal desde la restitución de los gobiernos de Catalunya y Euskadi”.
La entidad también precisa que todavía no se ha entregado a la Generalitat el archivo histórico de la Diputación del General y otros fondos que se fueron depositando. Unos provenientes de lo que preservó el servicio de salvamento de patrimonio de la Generalitat en 1936, entre los que se encuentra el del Convento de Jerusalén que preservó Agustí Durán Sanpere y otros como los notariales, que Josep Maria Sans i Travé quería integrar en los correspondientes archivos comarcales con el resto de fondos.
También otros fondos de las administraciones territoriales del Estado, como la delegación del Ministerio de Cultura, cuya gestión corresponde a la Generalitat. Uno de estos fondos es el del archivo del antiguo Gobierno Civil de Barcelona, que —según Cruanyes— está en un rincón del aparcamiento del parque móvil de los ministerios del Parc que desde hace meses está cerrado, mientras que el resto de Girona, Lleida y Tarragona hace años los gestiona la Generalitat. “Es grave que todavía hoy no se cumpla la legalidad y no se respete la organización archivística de Catalunya”, se concluye.
Por todo ello se exige al Ministerio de Cultura que “restituya el botín de guerra”: la documentación de Justicia, Orden público, la comunidad judía, la masonería y de los 47 ayuntamientos que fueron saqueados al ser ocupada Catalunya y anulado el Estatut. Documentos que se encuentran dispersos en diversas instituciones del Estado y los que se van localizando de nuevo. “Todos se deben devolver”, reclama.
Finalmente, la Comissió de la Dignitat ha informado de que pondrá estos hechos en conocimiento del relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia, Reparación y prácticas de no repetición para que haya una reparación real.