La sesión en el TJUE sobre las prejudiciales de Llarena para reactivar las detenciones de los exiliados catalanes ha vivido momentos sorprendentes. El primero ha sido cuando la abogada que representa al Reino de Belgica, F. Matthis, se ha desentendido del informe que hizo el Tribunal de Apelación belga, que defendió que no aprobaba la entrega del conseller de Cultura, Lluís Puig, al considerar que se podrían vulnerar sus derechos y que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlo. La abogada belga ha afirmado: "El Reino de Bélgica no tiene intención de pronunciarse sobre una decisión de los tribunales, ya que estaríamos vulnerando el principio de separación de poderes". El abogado de la Comisión Europea, Julio Baquero, le ha reprochado este cambio de parecer y ha asegurado: "En el estado español no hay problemas sistémicos y Bélgica también lo afirma". La vista se ha detenido a la una del mediodía y se reanudará, después de cuatro horas, a las dos y media, con las preguntas del abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, que ha estado muy interesado en aclarar qué competencias tiene el Tribunal Supremo y lo que se ha denominado "grupo individual", refiriéndose a los organizadores del 1-O, no a una minoría étnica, según han querido aclarar algunos de los abogados de los exiliados.
La abogada del Reino de Bélgica ha insistido en que "la independencia orgánica del poder judicial se basa en el principio de separación de poderes" y que es "el juez nacional quien tiene que valorar los elementos que presentan las partes en el marco de su ejercicio soberano". Por el contrario, en el informe presentado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se expone una opinión bastante contundente de los tribunales belgas hacia la posible vulneración de derechos de Puig si hubiera sido entregado al estado español, y por eso lo denegó en enero de 2021. El abogado general del TJUE también ha preguntado a la abogada de Bélgica sobre este cambio de criterio.
Dos pasos
Por su parte, el abogado de la Comisión Europea ha hecho una intervención clara e incisiva. Julio Baquero ha expuesto que el derecho de la Unión expone claramente que hay dos pasos para evidenciar una vulneración de derechos: primero, que en el país se detecte un "problema sistémico" y a partir de este, en segundo lugar, se analice el caso concreto. Ha añadido que en la vista se revisa el caso de Lluís Puig y no del resto de exiliados. El abogado también se ha mostrado contrario a la opinión de los tribunales belgas, porque "se arrogan el poder de añadir nuevos motivos sin límites para rechazar una euroorden, cuando el tribunal europeo ya tiene enumerados los motivos". Además, ha insistido en que el tribunal europeo permite una revisión de los casos para denegar euroórdenes de detención y entrega cuando hay "motivos excepcionales". Ha añadido que no hay contradicción entre las sentencias del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que "si no hay elementos sistémicos en la actualidad, tampoco en el futuro".
Abogada del Estado
Antes, ha intervenido la abogada del estado español, Andrea Gavela, que ha defendido el papel de las euroórdenes y ha advertido sobre la importancia de las prejudiciales presentadas por Llarena, que, según ha subrayado, van más allá de este procedimiento, dado que está en juego que esta herramienta se acabe convirtiendo en inoperante. "No hay que señalar la importancia que para España tiene el procedimiento de las presentes cuestiones prejudiciales", ha añadido. La abogada del Estado ha defendido la necesidad de demostrar una deficiencia generalizada del sistema judicial para poder denegar la euroorden, y ha considerado insuficiente el informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para dar por acreditada la vulneración de derechos fundamentales, que presentó Puig a los tribunales belgas para que denegaran su entrega.