El abogado Gonzalo Boye ha reclamado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) que se ponga punto y final a la persecución que sufren los políticos independentistas exiliados en Europa. El abogado ha intervenido en defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig en la vista que se celebra en la Gran Sala del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el juez Pablo Llarena a raíz de la negativa de Bélgica a ejecutar la euroorden contra Lluís Puig. "Ya basta de esta persecución por haber convocado un referéndum", ha pedido.
Boye ha explicado que los políticos exiliados se están viendo perseguidos por una "actuación absolutamente desproporcionada" de la justicia española y ha recordado que el Código Penal había eliminado el año 2005 la consideración de delito por la convocatoria de referéndums no acordados; ha denunciado que sufren una persecución política y ha advertido que se han vulnerado todo tipo de derechos fundamentales. "No tienen ninguna garantía de un juicio justo. Esto se tiene que acabar y tiene que acabar aquí", ha advertido.
El abogado de Puigdemont ha sido el primero de los representantes de la defensa que ha intervenido en nombre de los dirigentes independentistas exiliados durante la vista sobre las cuestiones prejudiciales que Llarena envió al TJUE. Antes que las defensas, han intervenido el fiscal Fidel Cadena y la representante de Vox Marta Castro.
Conveniencia política
Boye ha recordado las tres euroórdenes que se han emitido contra los exiliados los últimos cuatro años y ha acusado al Supremo de haber hecho un uso político de esta medida, "emitiéndola y retirándola por conveniencia política". En este sentido, ha destacado que el mismo juez Llarena admitió que había evitado en enero del 2018 pedir la detención de Puigdemont cuando viajó a Dinamarca para no beneficiarlo electoralmente.
El abogado ha empezado su intervención recordando el camino recorrido para llegar hasta la vista de hoy. "Mis defendidos representan la minoría nacional catalana existente en el estado español y, como tales, son víctimas de una persecución que es lo que nos ha traído hasta aquí", ha advertido para evocar acto seguido el 1-O y las cargas policiales, así como la condena que el Supremo impuso al vicepresident Oriol Junqueras a 13 años de prisión y los 9 años impuestos a la presidenta del Parlament Carme Forcadell.
Persecución contra miles de catalanes
De hecho, la sentencia del Supremo contra los líderes del procés ha servido al abogado para advertir que no hay ninguna duda del riesgo "serio y acreditado" de la existencia de deficiencias que comportan un riesgo a los derechos fundamentales, que, más allá de que sean sistémicas y generalizadas, como reclama la Comisión, afectan a los líderes independentistas y "a miles de catalanes perseguidos para ser partidarios del derecho a la autodeterminación, que ya llegan a 3.000". "Es evidente que una autoridad judicial de ejecución puede y tiene que denegar la entrega cuando hay un riesgo serio. En este caso, es una certeza, ya afirmada por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas", ha remachado.
Boye ha argumentado, como ya ha hecho repetidamente, los derechos que podrían verse vulnerados a raíz de la denegación de derechos fundamentales, como es el juez predeterminado por ley y la presunción de inocencia, ha recordado las manifestaciones contra los independentistas que han protagonizado jueces implicados en el caso y la denegación de las recusaciones que se han presentado contra ellos. Asimismo, ha recordado la jurisprudencia del TJUE, que ha establecido que los informes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas son "fiables y precisos" y que, de hecho, el estado español participó en anteriores informes.
Elbal: prejudiciales como casación
Después de Boye ha intervenido Isabel Elbal en nombre de la eurodiputada Clara Ponsatí. Elbal ha criticado que el juez Llarena, al no obtener la detención del conseller Puig, haya utilizado las prejudiciales "como una suerte de recurso de casación europeo" para así poder obtener la extradición del exconseller de Cultura.
La abogada ha reprochado que la jurisprudencia de la Gran Sala del TJUE es que las prejudiciales "no tienen que tener naturaleza hipotética, como lo son las de Llarena".