La comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, ha alertado en un informe hecho público hoy sobre las restricciones que se está imponiendo en algunos países a la libertad de reunión y manifestación. Advierte contra las sanciones penales a organizadores y participantes en manifestaciones pacíficas, contra la restricción en el acceso a sitios web y redes que ofrecen información sobre las protestas, o contra la violencia en la represión por parte de los cuerpos policiales así como sobre el uso instrumentos como las pelotas de goma. Mijatovic se refiere a situaciones registradas en países como Rusia, Polonia y Turquía, pero también España y Francia.

La comisaria cita España cuando advierte que diferentes estados han adoptado leyes que podrían comportar "restricciones desproporcionadas del derecho de libertad de reunión pacífica", que algunas de estas normas convierten comportamientos comunes, como fotografíar a policías o la resistencia pacífica, en delitos sancionables. Señala en este punto, como ejemplo la ley de Seguridad Ciudadana que permite en España la persecución por incidentes menores o por resistencia o desobediencia a la policía, además de imponer cuantiosas multas.

Mijatovic, que a lo largo del texto advierte también contra la prohibición de organizar manifestaciones en determinados espacios, como ante parlamentos o edificios gubernamentales, recuerda en el informe que ya hizo llegar una carta de advertencia al Parlamento español el año pasado.

Previamente, la comisaria alerta en el informe que en Francia y España las nuevas leyes "endurecen la legislación" contra la convocatoria de concentraciones no notificadas. La comisaria advierte que tanto la Comisión de Venecia como las directrices de la OSCE dejan claro que "no es necesario en virtud del derecho internacional" obligar a notificar previamente las concentraciones, que esta notificación tiene que servir en todo caso para facilitar la reunión y nunca tiene que convertirse en un procedimiento de autorización previa.

También se refiere a España en referencia a la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, junto con Azerbaiyán, Francia, Georgia y Rusia. Advierte que la obligación de la policía es facilitar las manifestaciones y proteger a los manifestantes, además de contener posibles incidentes. Para hacerlo posible, la policía tiene que aplicar los principios de minimización de daños y preservar a las personas. "Desafortunadamente se siguen reportando muchos casos de uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, incluyendo golpes a los manifestantes y el uso de técnicas de contención de multitudes que pueden poner en riesgo su seguridad", añade.

En este punto, alerta contra de dispositivos utilizados por los antidisturbios, en particular contra las pelotas de goma debido al riesgo que pueden representar para manifestantes pacíficos. En el capítulo de propuestas advierte además que no se puede tolerar la impunidad en el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, que tienen que ser adecuadamente investigado y sancionado, por lo cual los agentes tienen que estar claramente identificados durante las actuaciones. Asimismo, reclama también las condiciones de trabajo y formación adecuadas para estos cuerpos policiales.

La comisaria subraya igualmente la necesidad de garantizar la seguridad de periodistas y observadores.

En términos generales, advierte que una manifestación pacífica no puede estar en principio sujeta a amenaza de sanciones penales. "No obstante, en algunos países, se han impuesto sanciones penales a los organizadores o participantes de manifestaciones pacíficas. Estas sanciones, junto con sanciones innecesarias o desproporcionadamente severas impuestas por actos cometidos durante las asambleas, constituyen violaciones al derecho a la libertad de reunión", alerta.

Cita de manera particular, lo que describe como concentraciones espontáneas sin notificar –"a menudo en respuesta a hechos que requieren una reacción inmediata"–, que se ven impulsadas por las redes sociales, y que, según subraya, tienen que ser protegidas como otras formas de reunión en vez de dispersarlas y prohibirlas.

Asimismo, alerta en el informe que "en algunos países se ha restringido el acceso a sitios web o redes sociales" que ofrecen información sobre las protestas, lo cual es posible que "infrinjan el derecho de reunión pacífica".

El informe advierte que las restricciones en este ámbito tienen que ser "muy limitadas" para no erosionar el derecho a la manifestación, tienen que estar prescritas por ley y perseguir un objetivo legítimo como la prevención del desorden o la protección de los derechos y libertades de terceros, y que, además, tiene que ser "proporcionada".

Asimismo, alerta que la restricción a la reunión pacífica no puede obedecer al objetivo que los manifestantes defienden, aunque se trate de críticas a las autoridades, la contestación de la orden establecido por medios pacíficos o puntos de vista impopulares, ofensivos o impactantes para otros.

La comisaria advierte que las manifestaciones son una vía para que los ciudadanos demuestren su compromiso con los debates públicos y los problemas políticos y que proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica es clave para la buena salud democrática de las sociedades.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, reune a 47 estados europeos y tiene como objectivo la defensa de la democracia y los derechos humanos.

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