El Consejo de Europa ha reclamado a España respeto por los derechos humanos. El organismo internacional ha pedido que se elimine de la Ley de seguridad ciudadana "toda interferencia desproporcionada" con la libertad de expresión y reunión pacífica. En una carta dirigida a la presidenta del Congreso de Diputados, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García Escudero, la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, insta a "garantizarlo" en la revisión de la llamada ley mordaza.
I've just published my letter to the Spanish Parliament urging #Spain to ensure that the Law on Citizens’ Safety upholds the rights to #freedomofexpression and #freedomofassembly@Congreso_Es @Senadoesphttps://t.co/7IscKj9bsY
— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) 23 de novembre de 2018
La comisaria espera también que de la revisión de la ley resulte un marco legal que proteja "mejor" estos derechos "en línea con los estándares internacionales de derechos humanos".
Mijatovic expresa también sus "preocupaciones" sobre el impacto "negativo" de la ley y ve "esencial" que se asegure la existencia de medidas "eficaces" para las personas de que consideran que derechos como la libertad de expresión o reunión se han visto vulnerados.
En la carta, enviada el 20 de noviembre, la comisaria remarca que es de "máxima importancia" que se garantice la eliminación de provisiones que tienen el potencial de "debilitar" la protección de los derechos humanos al Estado. En este sentido, indica algunos aspectos de la ley que, a parecer suyo, son más "problemáticos".
Críticas a la ley
En primer lugar, critica "la redacción amplia e imprecisa de la ley en su conjunto", puesto que otorga un "amplio margen de discreción" a las fuerzas del orden público a la hora de interpretarla. "Por lo tanto, permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de libertad de expresión y reunión pacífica", señala, criticando la imposición de sanciones por motivos "poco claros".
Mijatovic considera "todavía más importante" limitar la aplicación arbitraria de la ley en un estado como España, donde carece "un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente".
Imágenes de policías
En segundo lugar, expresa recelos hacia el artículo 36.23 de la ley, que prevé que el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad "puede poner en riesgo la seguridad de los agentes". "Me preocupa seriamente que los periodistas estén entre los sancionados" en virtud de este artículo, asegura Mijatovic.
Además, encuentra "inquietando" que según cifras del Ministerio del Interior se hayan impuesto 21.122 sanciones sólo el 2017 por "falta de respeto o consideración por los oficiales de policía", en aplicación de otro artículo de la ley, el 37.4. "Los dos artículos pueden expresarse de forma arbitraria y tienen un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión", avisa.
Multas por manifestarse
Mijatovic, que es ex representante por la Libertad de Prensa de la OSCE, también menciona en la misiva al Congreso y en el Senado su sorpresa ante el elevado número de multas a participantes en manifestaciones pacíficas así como el alto valor de la multa en algunos casos. Además, afirma que aunque una manifestación no haya sido previamente notificada a las autoridades, no es motivo para justificar una vulneración de la libertad de reunión de los manifestantes. "Por lo tanto, no pueden ser sancionados", sentencia.
La comisaria tampoco ve con buenos ojos otros provisiones de los artículos 36 y 37 de la ley, como por ejemplo que se pueda sancionar "pequeñas interrupciones" en una manifestación o reunión, la "ocupación" del espacio público "contra la ley" o la resistencia o desobediencia a los agentes de policía.