El Ayuntamiento de Barcelona ha multado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por la manifestación de la Diada Nacional de Catalunya del 2023 porque no tenía licencia. El consistorio de Jaume Collboni ha impuesto una multa de 1.501 euros a la entidad presidida por Dolors Feliu por ocupar el espacio público sin licencia, en este caso, plaza Espanya, donde la entidad independentista situó el escenario de los parlamentos. Según el consistorio, puede constituir una infracción "muy grave" tipificada en el artículo 63.4.d) de la Ordenanza de las vías y los espacios públicos, que consiste en llevar a cabo actividades que se corresponden con el uso común especial o el uso privativo sin la oportuna licencia.

La ANC denuncia que Collboni pretende "coartar el derecho a reunión"

La entidad independentista presidida por Dolors Feliu ha denunciado en un comunicado este martes que el Ayuntamiento de Jaume Collboni pretende "coartar el derecho a reunión y manifestación del independentismo". "La entidad independentista lamenta la voluntad de Collboni de intentar limitar uno de los derechos fundamentales coaccionando a la Assemblea con una multa económica de la Guardia Urbana alegando que no se habían pedido las licencias para ocupar el espacio público", afirma la entidad independentista.

Según interpreta la ANC, el derecho fundamental de reunión no está sometido a autorización previa. "Así queda establecido tanto en la normativa como en la jurisprudencia nacional e internacional", explican los organizadores de la manifestación de la Diada, que recuerdan como, cada año, se ha comunicado la manifestación y, durante los preparativos, se hicieron reuniones con el consistorio sobre el funcionamiento de la movilización y se compartió información. Ante la denuncia de la entidad independentista, la ANC ha pedido el expediente y la suspensión de plazo de alegaciones con el fin de ejercer el legítimo derecho a defensa. Por lo tanto, la entidad presentará un recurso contra la multa de 1.501 euros.

A pesar de la posición de la entidad independentista de recurrir la decisión del consistorio barcelonés, existe la posibilidad de reconocer la responsabilidad y se le aplicaría una reducción del 20% del importe de la sanción. Esta reducción se incrementaría hasta el 65% si, además, efectúa el pago voluntario, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo.