El Colegio de Psicología de Catalunya ha dado de baja a 82 profesionales que se adhirieron a la campaña de desobediencia civil #NovullpagarConsejo, que se puso en marcha en enero de 2018 en protesta por la represión del 1-O y que consistía en no pagar la cuota que el colegio les cobra y que se destina al Consejo General de la Psicología de España.

La campaña #NovullpagarConsejo ha denunciado que la decisión del colegio de dar de baja a los psicólogos que se han adherido a la propuesta les ha dejado en una situación de indefensión, ya que la ley impone la colegiación obligatoria, de manera que se han visto obligados a "regularizar inmediatamente la situación, para evitar el despido laboral o la inhabilitación profesional".

Los impulsores de la campaña han lamentado que el Colegio haya hecho una interpretación restrictiva de los estatutos aplicando una medida tan extrema como la baja, cuando todos los afectados tenían al día el pago de la cuota. Denuncian, igualmente, que se les haya negado el derecho a ser considerados objetores de conciencia. "Se nos ha tratado de morosos, a pesar de haber abonado la totalidad de los importes destinados en el Colegio catalán", aseguran.

Los profesionales que se han adherido a la campaña sostienen que el Colegio "actúa con sesgo político: detrás de una fachada de neutralidad, ha adoptado un rol de participante y guardián del orden constitucional del régimen del 78. Defendiendo con vehemencia una ley obsoleta como es la ley de Colegios Profesionales de 1974, que contraviene la normativa europea".

Igualmente denuncian que el Colegio "ha sido incapaz de implicarse en la defensa de los derechos humanos en Catalunya, por ejemplo, amparando iniciativas de apoyo psicológico en los represaliados, o denunciando la violencia institucional sistemática de que está siendo objeto la ciudadanía catalana".